miércoles, 24 de septiembre de 2014

El "DesUPelote" II, por Hermógenes Pérez de Arce.






El "DesUPelote" II,
por Hermógenes Pérez de Arce.


          Un blog tan distinguido como éste no debería emplear ese término, pero es que el Contralor General de la República ya lo ha usado ayer (“La Segunda, 23.09.14, p. 7). Y lo ha hecho para referirse a la forma cómo el Estado ha dilapidado los recursos de la Subvención Escolar Preferencial: “Hay una suerte de cultura del despelote del gasto público”, ha dicho.


La Subvención Escolar Preferencial tiene por objeto suplementar adicionalmente la subvención a los alumnos más “vulnerables”, que es la palabra utilizada de un tiempo a esta parte para referirse a los pobres. Pero el Contralor ha comprobado que más de la mitad de los fondos fue empleada en otros fines. ¿Por qué? Porque los funcionarios Estatales son como el resto de los mortales: primero que nada velan por su propio interés. Entonces, según el Contralor, gastaron la mayor parte de la subvención en ellos mismos y su bienestar: bonos, sueldos e indemnizaciones para personas ajenas a la educación ($8.945 Millones); “salidas y celebraciones” ($1.695 millones); inversiones bancarias para ganar intereses; “notebooks, proyectoras, impresoras, discos duros, computadores… que no se encontraban en los establecimientos (educacionales)”; “vestuario deportivo para presentaciones artísticas”, el  cual estaba en los domicilios de los monitores; “proyectores, fotocopiadoras y pizarras interactivas… que permanecían sin ser utilizados; “pago de sandwichs para reuniones de directivos, almuerzos, loza, material de aseo para una escuela de verano, cortinas para habilitar una casa de huéspedes y compra de aspiradoras”; “programas antivirus, radios e identificadores de huellas digitales”; “tarjetas de saludo para el Día del Trabajador, cursos de capacitación  no autorizados, compras de certificados de nacimiento, atención médica, lienzos, pinturas y materiales de ferretería”. ¿Y los alumnos más pobres? Pueden esperar.


          Tanta malversación hace risibles esos “ponderados juicios” de dirigentes políticos y empresariales que compran la retórica de la izquierda y aceptan pagar más impuestos “para mejorar la educación”. Porque, simplemente, la mayor parte no irá a la educación, sino a la burocracia que la maneja. Al tonel sin fondo llamado Ministerio de Educación. El otro día me puse de pie a aplaudir, durante un almuerzo, a un rector universitario que, contestando la pregunta de cuál sería la primera medida que adoptaría para mejorar la enseñanza si estuviera en el Gobierno, contestó: “Ponerle una bomba al Ministerio de Educación”. Se entendía que para hacerlo desaparecer. Naturalmente, después de aplaudirlo expliqué que con el dinero despilfarrado año tras año por ese monstruo burocrático se podría dar a todas las familias pobres y algo pobres de Chile un vale para financiar la educación de sus hijos en el mejor colegio particular pagado de su elección, entre los que surgirían en gran número bajo un sistema de libertades. Esto, que tantas veces he propuesto en este blog, lo ha dicho Niall Ferguson días atrás, ganando páginas completas en revistas y diarios. Bueno, no tengo inconveniente en cederle la idea.


          Supuestamente ese dinero dilapidado debió financiar la Subvención Escolar Preferencial para los más pobres, pero éstos recibieron menos de la mitad. ¿Por qué? Porque el dinero cayó en manos del Estado, y éste nunca va a dar la solución, pues “el ESTADO ES EL PROBLEMA” (Ronald Reagan).


          El programa Estatista de Reforma Educacional está desarticulando, literalmente, la enseñanza particular subvencionada. El abogado asesor de los colegios, Eduardo Escalona, ha revelado (“El Mercurio”, 23.09.14, p. A2) que sólo el 8% de ellos traspasará el establecimiento a una corporación sin fines de lucro, como exige el plan socialista-comunista. Y que, del resto, el 21% se transformará en particular pagado y el 79% cerrará. Es la debacle de la educación particular subvencionada.


¿Qué nos recuerda esto? El Transantiago, por supuesto, que transformó un sistema de locomoción en que había 13 mil empresarios en otro donde quedaron cuatro mil; un sistema que arrojaba ganancias globales anuales de 63 millones de dólares en otro que da pérdidas de 700 millones de dólares anuales; y un sistema que satisfacía las necesidades de los usuarios en otro que les ha deteriorado su calidad de vida.


          La autóctona expresión del Contralor me ha hecho recordar la UP I, durante la cual se acuñó la expresión “desUPelote” para describir la situación. Yo en esos años tenía un comentario radial que se transmitía a las 7.30, las 14 y las 22 horas todos los días y que me valió ser elegido Diputado por Santiago. Describía situaciones similares a las que, ahora, han llevado a la señora madre de la Presidente a decir que le parece estar reviviendo la UP. Por algo lo habrá dicho. En ese entonces, para mí, el clímax del despilfarro y la prueba decisiva de que “el Estado era el problema” se presentó al denunciarse que, con el presupuesto de la Salud Estatal. se había financiado ¡un tratamiento sicológico en París para el extremista brasileño Belluce Bellucci Morais”!, uno de los doce mil (datos de la OEA) llegados para impulsar la revolución.


          Ahora estamos viendo de nuevo la película, pero sin (espero) los grupos armados que promovía activamente el Gobierno de Allende. A propósito de lo cual me ha divertido saber, a través del programa de Checho Hirane, que ese repúblico democrático que es hoy Osvaldo Andrade fue apresado por Carabineros en 1973, antes del 11, por porte ilegal de un arma, tras un accidente de tránsito. En ese tiempo el armamentismo UP sólo se descubría gracias a accidentes de tránsito. La denuncia policial siguió su trámite y, años después, Osvaldo Andrade se benefició de la Ley de Amnistía y fue sobreseído. Ahora que su Gobierno va a “anular” dicha Ley ¿debería ser procesado al desaparecer la causal de extinción de su responsabilidad?


          Se incorpora, entonces, el episodio al anecdotario del actual “DesUPelote II”.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

¿Respeta Bachelet los DD.HH. de los militares? por Eric Villena D.






¿Respeta Bachelet los DD.HH. de los militares?
por Eric Villena D.


La pregunta que encabeza el título de mi columna de este mes, es una interrogante que tengo la intención que usted señor lector, pueda responderla con toda veracidad, con toda honradez y, para ello, me permito entregarle algunos antecedentes que curiosamente los medios de comunicación han omitido por razones que desconozco y tampoco fueron informadas en su momento por “comisiones” creadas para supuestamente investigar la verdad y difundirla. En esta última aseveración me estoy refiriendo específicamente a la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” que, a dieciocho años del Gobierno de Patricio Aylwin, aún mantiene pendiente la reconciliación de la civilidad con sus Fuerzas Armadas y con respecto a la verdad, en el ejemplo que le detallo a continuación, queda de manifiesto que sus intenciones fueron bastante oscuras y unilaterales.


Amigo lector, en el Informe de la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, Tomo II, página 700, dice textualmente:


“El 20 de agosto de 1989, fue muerto Roberto Joaquín Zegers Reed, de 26 años, Teniente de Ejército destinado al Comando de Aviación de esa institución, en un atentado perpetrado en el Aeródromo de Tobalaba, Santiago.


Cerca de la medianoche del día 20 de agosto, el Teniente Zegers, junto a un soldado, realizaba la ronda de vigilancia de las instalaciones del Comando de Aviación del Ejército. En dichas circunstancias sorprendió a un grupo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, (léase “Grupo de combate del Frente Terrorista Manuel Rodríguez”) que intentaba introducirse en el recinto militar. El Oficial fue baleado por uno de ellos. El soldado conscripto que lo acompañaba hizo fuego contra el individuo que disparó, causándole a su vez la muerte. El Teniente Zegers recibió seis impactos de bala, falleciendo en el mismo lugar de los hechos, según indicó el protocolo de autopsia.


Los antecedentes examinados revelan que:


-El Oficial realizaba legítimas funciones de patrullaje en un recinto militar y su muerte se produjo cuando trataba de defender dichas instalaciones;


-La autoría por parte del FPMR está comprobada a través de diversas fuentes. El hecho reviste caracteres de acción política pues el objetivo del comando del FPMR era realizar acciones militares contra una instalación del Ejército.


Por los antecedentes reunidos, esta Comisión se formó la convicción de que el Teniente Roberto Zegers fue víctima de violación de sus derechos humanos por parte de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez”.


Esto es lo que literalmente señala la llamada “Comisión Rettig” y, si bien es cierto, reconoce que el asesinato del Teniente Zegers fue cometido por el Frente Manuel Rodríguez, cuando se refiere al autor de este homicidio señala “El oficial fue baleado por uno de ellos”, es decir, se omite el nombre del asesino, en circunstancias que fue abatido en el lugar, por el soldado que reaccionó al ver caído a su Teniente. A pesar de la autopsia, tenida a la vista por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, deliberadamente, no quiso consignar en sus tres extensos tomos, el nombre de Roberto Northenflycht Farías, hijastro de Volodia Teitelboim, hijo de su esposa Eliana Farías y a quien Volodia crio desde la infancia. Volodia fue su padre, el encargado de su educación, de su formación moral y política que culminó como integrante del Frente terrorista Manuel Rodríguez, participando en un atentado al Comando de Aviación del Ejército y acribillando a un joven Oficial de Ejército, de sólo 26 años de edad.


Estos antecedentes es imposible pensar que la Sra. Bachelet los desconocía, pero como ella es Presidente de la Concertación y no de todos los chilenos, aquí la vemos en una fotografía que es una verdadera vergüenza. Cómo puede haberse prestado, junto con varios de sus Ministros, para hacer guardia en el féretro de este siniestro cabecilla del Partido Comunista. Siendo lamentable su deceso, –como la de cualquier ser humano–, debemos recalcar que la Mandatario conocía perfectamente los antecedentes que mencionamos. Teitelboim es uno de los responsables de la violencia y la subversión en Chile, uno de los fundadores del Frente terrorista Manuel Rodríguez, protagonista reconocido de haber llevado al país al borde de una guerra civil en la que el propio Teitelboim afirmaba antes del Pronunciamiento Militar, que “morirían entre quinientos mil a un millón de chilenos”. En su calidad de dirigente del PC, tuvo la responsabilidad compartida de la mayor internación de armamento en América Latina, con 90 toneladas de armamento y explosivos en Carrizal Bajo. Hoy día, es esta colectividad, la que manipula las etnias mapuches y están produciendo hechos de extrema violencia, que tienen sobrepasada a las fuerzas policiales en la Región de la Araucanía.


Y la señora Bachelet tiene el desparpajo de entonar en ese velatorio la Internacional Socialista a voz en cuello. ¿No sería preferible que la escucháramos entonando el Himno Nacional, al lado de nuestra bandera patria y no de guardia de honor al lado de una bandera con la hoz y el martillo?


Sra. Presidente, usted que se dice tan defensora de los DD.HH., ¿no repudia el atentado y asesinato del Teniente Zegers?


Si tuviera ese respeto, no habría concurrido a ese velatorio.

¿O será el costo por tener un pacto electoral con los comunistas en las próximas elecciones Municipales?


¿O es una forma de pago por la votación de los comunistas en la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales que le permitieron llegar a La Moneda?


Se nos olvidaban los tres días de duelo oficial que decretó por Gladys Marín.


¿El Teniente Zegers, no es un mártir del Ejército?


¿Hay algún acto de conmemoración que recuerde la fecha de su asesinato.


¿Se le hace una misa?


¿Ha recibido la familia Zegers, alguna indemnización del Gobierno?


¿Y los Tribunales? ¿Han resuelto alguna compensación económica a sus deudos?


Así como se conmemora el día del combatiente en la fecha que Carabineros actuó sobre dos integrantes del movimiento terrorista MIR, ¿Por qué no hay una fecha en que se conmemore a los verdaderos combatientes, a aquellos que cayeron cumpliendo con su deber y no cometiendo crímenes terroristas?


Sra. Presidente de la Concertación, usted debe hacerse presente en otros lugares, en aquellos en que se justifica y amerita su presencia.


A las Fuerzas Armadas hace rato que no se le respetan sus Derechos Humanos. A sus viejos tercios los tienen en prisión, procesados o condenados y fueron los Humanos Derechos, los que velaron por la paz y tranquilidad de nuestra Patria.                     

martes, 16 de septiembre de 2014

A 41 años… ¡gracias!, por Gastón Escudero Poblete.






A 41 años… ¡gracias!,
por Gastón Escudero Poblete.


Hay muchas razones para agradecer al Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden que se inició con el Pronunciamiento Militar (o Golpe de Estado, me da lo mismo como le llamen) del 11 de septiembre de 1973.

En primer lugar, haber impedido que en el país se instaurara una dictadura marxista. Las fuerzas de izquierda llevaban más de una década empeñadas en la tarea de importar la revolución cubana y el Gobierno del Presidente Allende no era más que la última etapa antes de lograrlo.


En segundo lugar, la eficacia con que actuaron las Fuerzas Armadas al derrocar al Presidente Allende y neutralizar a los focos de resistencia permitió que la guerra civil larvada en que se encontraba el país fuese sofocada con un costo relativamente bajo. Muchos se pueden escandalizar por mi afirmación, pero seamos objetivos. Según el Informe Rettig la cifra de muertos y desaparecidos por causa de la violencia política durante el período 1973-1990 es de 3.197, de los cuales 2.774 son atribuibles a las Fuerzas Armadas y 423 a la izquierda. Entiendo que para los familiares de los muertos (de ambos lados) el costo es infinito, pero desde el punto de vista social y situando los hechos en el contexto me parece, insisto, que el costo fue bajo porque las circunstancias favorecían que el número de muertos fuese mucho mayor. Desde la década de los ’60 la izquierda venía pregonando la lucha de clases o violencia revolucionaria. Así es como el Congreso Pleno del Partido Socialista ‒al cual pertenecía el Presidente Allende‒ celebrado en 1967 declaró a todos los chilenos que la violencia revolucionaria “es inevitable y legítima… Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y su ulterior defensa y fortalecimiento”. Es decir, iban a matar para llegar al poder y una vez en él iban a seguir matando para perpetuarse en él.


La postura de los otros partidos y grupos de izquierda era similar. Por ejemplo, en 1970, Gregorio Liendo ‒conocido como “Comandante Pepe” y segundo del MIR‒ declaró en una entrevista que tenía que “morir un millón de chilenos para que el pueblo se compenetre de la revolución y ésta se convierta en realidad”; en ese momento la población chilena era de 8,8 millones de personas, por lo tanto la cifra del Comandante Pepe significaba… ¡más de un 11% de la nación! ¿Imposible que ocurriera? En absoluto: en Ruanda un enfrentamiento civil ocurrido en 1994 dejó 1 millón de muertos y la población del país era de 6 millones. Concedo que es poco probable que en Chile se hubiese llegado a esa cifra, pero la frase de Liendo ilustra el nivel de odio que impulsaba a los izquierdistas extremos de esa época. Como demostración, por esos mismos días en que el Comandante Pepe realizó la citada declaración, sus hombres se tomaron el fundo “La Tregua” en Panguipulli, perteneciente a una mujer viuda, Antonieta Maachel, quien “fue secuestrada y ultrajada en forma brutal por todos los forajidos de la banda, y en su desesperación se quitó la vida en su dormitorio, mientras sus agresores se daban un banquete en el comedor de su casa. Dejó tres hijos adolescentes librados a su suerte y despojados de sus bienes” (descripción de una amiga de la infortunada en una carta a El Mercurio). Los hombres del “Comandante Pepe” practicaron lo que los izquierdistas vociferaban por las calles de nuestras ciudades, como reconoció 40 años más tarde Roberto Ampuero en su columna del mismo diario pidiendo perdón a los chilenos porque en su calidad de joven miembro del Partido Comunista “entre 1970 y 1973 desfilé por las calles convencido de que a la democracia de Chile había que arrojarla por la borda… y vociferando… ‘los momios al paredón, las momias al colchón’”. No eran solo palabras, como lo demuestra el drama de Antonieta.


En fin, no sabemos cuántos hubieran sido los muertos si las Fuerzas Armadas no hubieran actuado esa mañana del 11 de septiembre hace 41 años, pero estoy convencido de dos cosas: (1) estaban dadas las condiciones para que el número de muertos fuese mucho mayor; (2) la principal causa y culpa de los dolorosos acontecimientos aquellos no radica en quienes derrocaron al Presidente Allende y constituyeron el nuevo Gobierno, sino en aquellos que encendieron el odio y que hasta hoy le deben al país un mea culpa.


Con lo dicho hasta aquí hay más que suficiente para estar agradecidos. Pero además el Gobierno de las Fuerzas Armadas reconstruyó la institucionalidad nacional. Fue una tarea titánica que involucró a muchos de los mejores chilenos de la época y que quedó fraguada en la Constitución de 1980. Hace 20 años un joven colombiano estudiante de Ciencias Políticas Chile me comentó admirado que el artículo primero de nuestra Constitución le parecía un poema: “Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios…” Siglos de evolución política y de influencia cristiana quedan reflejados en ese artículo primero.


Uno de los conceptos fundamentales que inspiró la nueva institucionalidad es la doctrina de la subsidiariedad, tomada de la Doctrina Social de la Iglesia y cuya aplicación en el ámbito económico ha permitido cuatro décadas de progreso. Pero primero hubo que restituir el derecho de propiedad devolviendo las empresas expropiadas e intervenidas ilegalmente por el Gobierno de la Unidad Popular; luego se modificó la legislación laboral, minera, bancaria y tributaria; se dotó al Banco Central de autonomía para manejar la política monetaria; la Hacienda Pública se manejó con responsabilidad para establecer y mantener equilibrios macro económicos…; en resumen, se limitó el papel del Estado para entregarle a los chilenos la responsabilidad del desarrollo económico y ello permitió que desde 1975 a la fecha el país cuadruplicara su riqueza per cápita y redujera la pobreza de 50% a 11%.


Como resultado de las políticas del Gobierno militar muchos chilenos pudieron  emprender y crearon pequeñas y medianas empresas que hoy constituyen buena parte de la base productiva del país. A ello también contribuyó la creación de un ingenioso sistema tributario en virtud del cual los empresarios tributamos no por las ganancias de nuestras empresas sino por las ganancias personales (o retiros), conocido como Fondo de Utilidades Tributables o FUT, lo que promueve que la mayor parte de las utilidades sean devueltas a la sociedad vía reinversión. Siendo hijo y continuador de uno de esos pequeños empresarios que debieron soportar el desorden, la corrupción e intervencionismo arbitrario del Estado durante los infaustos años del gobierno marxista, me siento especialmente obligado a dar gracias a quienes hicieron posible la liberalización de la economía.


Otra importante reforma fue la privatización de la administración de los fondos de pensiones mediante la creación de un sistema de capitalización individual que reemplazó el antiguo sistema de reparto. Gracias a esta reforma el monto de la jubilación de una persona es el resultado directo del ahorro que haya realizado ella misma. A su vez, a nivel macro este sistema constituye un potente mecanismo de ahorro nacional y que ha contribuido, inversión mediante, al espectacular crecimiento económico del país. Por contraste, los países que han conservado los sistemas de reparto se enfrentan actualmente  a la insolvencia de su sistema de pensiones, lo cual recarga el gasto público favoreciendo que muchos de ellos estén hundidos en una crisis económica que se arrastra por años y ahora buscan con desesperación una solución. Les llevamos 34 años de ventaja.


La lista de razones para agradecer puede ser engrosada por varias otras reformas y aciertos; por ejemplo: se creó el sistema privado de prestaciones de salud; se crearon las condiciones para el surgimiento de universidades permitiendo que hoy un millón de jóvenes accedan a la educación universitaria; se evitó una guerra y sin ceder soberanía (por contraste, el Gobierno siguiente cedió soberanía sin que hubiese peligro de guerra); la acción policial y militar permitía, a pesar del terrorismo, un clima de orden y seguridad que hoy se echa en falta (mi oficina ha sido robada en cinco ocasiones, mis tiendas son asaltadas con frecuencia, hace poco una casa de mi cuadra fue asaltada y la mujer que la cuidaba fue violada por los seis asaltantes). Pero lo más importante, tal vez la síntesis de todas las transformaciones, es que se le entregó a cada chileno la responsabilidad por su vida y la de su familia, de manera que no sea el Estado −esa entelequia anónima e impersonal− el que planifique y administre nuestras vidas, sino que cada uno sea dueño de su propio destino.


Muchos no lo entienden y otros lo entienden pero prefieren que sus vidas sean manejadas por burócratas a quienes ni siquiera conocen. Yo lo entiendo y lo valoro. Y por eso doy gracias a todos quienes lo hicieron posible: a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden que asumieron la tremenda responsabilidad ese 11 de septiembre hace 41 años y encabezaron el nuevo Gobierno (Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza); a quienes los sucedieron en la tarea; a quienes estuvieron a sus órdenes; a quienes combatieron el terrorismo, algunos de ellos muertos en servicio y otros hoy injustamente presos; a los civiles que, recibiendo sueldos a veces muy inferiores a los que podían recibir en el sector privado ‒y sin recibir sobresueldos‒ asumieron funciones públicas para ayudar a construir la nueva institucionalidad (como Sergio de Castro, Miguel Kast, José Piñera, Hernán Buchi, por nombrar sólo a unos pocos); a Jaime Guzmán, quien que pagó con su vida el aporte realizado en la elaboración de la nueva Constitución y que no se cansó de predicar las falacias del marxismo.


A todos ellos, muchas gracias y que Dios los bendiga.


Tomado de http://viva-chile.cl