lunes, 27 de octubre de 2014

Sin Vergüenza, por Hermógenes Pérez de Arce.

Hermógenes Pérez de Arce es un distinguido abogado, periodista y empresario que ha dado su vida en la defensa de los valores libertarios.



Sin Vergüenza,
por Hermógenes Pérez de Arce.


        Es un hecho que el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que bajo el Gobierno de Piñera multiplicó por tres los procesos ilegales contra militares y ahora ha dado “una vuelta de tuerca más” al conseguir que se detuviera a quien es la principal “bete noir” para el oficialismo, el ex Alcalde Labbé, por “asociación ilícita” (única razón posible: haber pertenecido al Ejército de Chile, que, por tanto, de acuerdo con la Ministro sumariante –recientemente nombrada por este Gobierno—es una agrupación de esa índole) nunca pisó el regimiento de Tejas Verdes donde los querellantes de dicho Ministerio afirman que se practicaron torturas. Los “testigos” que han aparecido en la prensa recordando que vieron allí a Labbé hace cuarenta años ni siquiera son contestes, pues uno afirma que éste llevaba un “buzo marrón” y el otro “un delantal blanco”. Pero igual se despachó orden de aprehensión en su contra.


          Y como en Chile “se procesa por los diarios”, las universidades en que hacía clases el referido Coronel han dado máxima validez al insólito pronunciamiento Judicial y “congelado” la pertenencia de Labbé a ellas. Se supone que “porque la Justicia ha hablado”. Como durante 16 años fue un Alcalde honesto, no tiene fortuna y vive de su trabajo como docente. Tras haber sido privado por esas “dignas universidades, tan celosas de la Justicia” de sus fuentes de ingreso, la Corte de Apelaciones no ha querido ser menos y ha resuelto aumentarle la fianza, para darle la libertad provisional, de $200 mil a $500 mil, en vista de que él había pedido se le redujera a $50 mil, dado que sus ingresos han quedado reducidos a su pensión de $600 mil brutos. “Iustitia chilensis”, dirían los romanos.


          Entonces, tenemos como hechos ciertos que el único delito de Labbé fue pertenecer a una “asociación ilícita” llamada “Ejército de Chile” y haber impartido instrucción física hace cuarenta años a otros uniformados, lo que, en caso de ser considerado ahora un delito, estaría prescrito dos veces y dos tercios, y amnistiado desde 1978. Pero como eso lo ordenan las Leyes vigentes y los Jueces no las aplican (y ya eso ni siquiera les da vergüenza, aunque es un delito) va preso.


          Por supuesto, el Coronel Labbé es, en cierto modo, un privilegiado, porque hay otros en peores condiciones que él. Por ejemplo, el Suboficial de Carabineros Gamadiel Soto, que, también hace cuarenta años, recibió la orden de trasladar a tres presos desde su Comisaría a la base aérea de Maquehue, en Temuco, donde los entregó sanos y salvos, según consta en el proceso. Pues bien, como todavía no se sabe del paradero de esas personas tras haber estado en Maquehue, Gamadiel, que también lo ignora, ha sido condenado a diez años y un día de presidio efectivo, que cumple en condiciones muy penosas, porque está pobre, enfermo y muy anciano. Entonces, seguramente el Suboficial Gamadiel envidia al Coronel Labbé.


          Y seguramente el Coronel Labbé, a su turno, envidia al ex Ministro Andrés Velasco, porque éste está libre, no ha sido “congelado” por sus clientes o empleadores, aunque, al igual que Labbé, está siendo perseguido por el Ministerio del Interior, cuyas huellas digitales quedaron impresas en la orden recibida por la PDI de allanar con publicidad y presencia de la TV su domicilio, para incautar sus computadores y documentos, debido a que cobró una boleta de honorarios por una conferencia dada al Grupo Penta. Dar una conferencia pagada al Grupo Penta no era, hasta ahora, delito, como no lo era pertenecer hace cuarenta años al Ejército de Chile o trasladar tres presos de una Comisaría a la base aérea de Maquehue y entregarlos sanos y salvos.


          ¿Qué está sucediendo en Chile? Yo les voy a decir: lo que ha sucedido es que se ha perdido la vergüenza. El otro día vi en la televisión al Director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, del “Partido MIR” (son sus palabras), quien fuera funcionario de la exclusiva confianza de Sebastián Piñera, que lo mantuvo en su alto cargo, en el cual, por cierto, ha permanecido también bajo el Gobierno de la Nueva Mayoría, que tanto tiene en común con el de Piñera, especialmente en materia de persecución a los militares; y lo que decía Bustos, del “Partido MIR”, en la televisión era –a propósito del caso de Labbé—que había que proseguir “terminando con la impunidad”, insinuando que el largo brazo de la ”Justicia” tenía que llegar también a los que Sebastián Piñera llamó “cómplices pasivos” que, por esas contradicciones inexplicables de las personas que en lo único que piensan es en sí mismas, eran casi todos los funcionarios de su propio Gobierno.


          El “partido MIR”  fue una de las razones principales que llevaron a la mayoría Parlamentaria democrática a pedir la intervención de las fuerzas armadas y las que llevaban a exclamar al Presidente del Senado en 1973, Eduardo Frei Montalva, un político indubitablemente democrático, “¡esto se arregla sólo con fusiles!” y a imprecar a un General diciéndole “¡ustedes tienen las bayonetas y no las usan!” (Acta Rivera). Entonces, si hay quienes no deberían seguir impunes serían los del “partido MIR”. Pero no sólo lo están, sino que, además, han sido recompensados, indemnizados y glorificados, tanto que acaba de publicarse, con gran eco en la prensa, una apología de su principal jefe y uno de sus militantes es alto funcionario de la confianza de Piñera y Bachelet.


          Es que en este país se está perdiendo todo, comenzando por la vergüenza.

miércoles, 22 de octubre de 2014

Comunistas, terror y terrorismo, Gonzalo Rojas Sánchez.






Comunistas, terror y terrorismo,
Gonzalo Rojas Sánchez.


Es tan evidente la connivencia entre los comunistas y el terror en los últimos cien años, que no resulta extraño que mucha gente se pregunte: ¿es un comunista siempre un terrorista?


No, no siempre.


Pero, a continuación, surge una segunda interrogante: ¿es un comunista siempre un potencial terrorista?


Sí, siempre.


No nos confundimos los historiadores en este tema, porque para negar lo anterior habría que haber vivido en el siglo XVII... o ser comunista. Son las únicas dos opciones desde las que se puede argumentar en contra: desde el anacronismo y desde la mentira.


Los comunistas llevan más de cien años promoviendo el terror porque estiman que así ponen a los burgueses ante su propia realidad: o aceptan que son unos miserables explotadores que merecen morir o, si se niegan a esa realidad, por eso mismo, merecen morir. Dos opciones, pero solo una salida. El terror, desde Marx a Lenin, de Lenin a Stalin, de Stalin a Corvalán, de Corvalán a la Gladys, de la Gladys a Teillier, es una sola cosa: el legítimo instrumento de purificación de los explotadores.


Por eso las Juventudes Comunistas mandaron voluntarios a las FARC, para que reforzaran después la CAM en La Araucanía. Porque los comunistas ven en esa tierra no un problema cultural, sino una estructura explotadora a la que hay que aterrorizar.


Por eso la Diputado Vallejo no se levantó para rendir homenaje al asesinado Senador Guzmán. Porque -al menos- le es indiferente la muerte de un burgués a manos de un grupo terrorista de su propia filiación.


Por eso el Diputado Teillier -cabeza militar del mismo grupo terrorista que asesinó a cinco militares- afirmó que no hay más terrorismo que el de Estado. Los burgueses cabezas duras tienen que entender que cuando los comunistas eliminan militares, solo hacen justicia.


Por eso Eduardo Contreras, el célebre Embajador comunista, ha afirmado que no tiene ninguna duda de que los actos terroristas que se han registrado en Chile provienen de la ultraderecha. Los burgueses tienen que hacerse cargo de todos los crímenes, porque ellos generan las condiciones para que sucedan. Contreras, queriendo parecer sutil, ha afirmado que lo que declaró lo dijo en privado. Pero nunca ha dicho que no lo cree y que no actúa en consecuencia.


Por eso Teillier -sí, el mismo- ha afirmado que lo de Contreras es un error. Obvio. Un comunista jamás debe adjudicar los actos terroristas a particulares: la ideología oficial estipula que son siempre y solamente actos de un Estado fascista. Ya es hora de que los burgueses asimilen ese dato y que Contreras no se vuelva a equivocar.


Por eso no han tenido vergüenza alguna los militantes comunistas de exhibir sus banderas en el funeral del recientemente fallecido ex vocero de su FMR. Ahí se han sentido muy cómodos el Diputado Carmona, el Alcalde Jadue y el frentista Bunster, todos comunistas. Los burgueses tienen que entender que cuando muere un terrorista, algo de cada comunista muere con él.


Pero queda la segunda parte.


Es la posibilidad de que el burgués se dé cuenta de toda la mentira y el crimen que se expresan en la actividad terrorista.


Para esa instancia, los comunistas han elaborado una fórmula sencilla y mil veces difundida: "Denunciamos la campaña del terror que ha iniciado la derecha". Así actúa el brujo que antes de acostarse mira debajo de la cama, por si hubiera algún otro brujo escondido; es el terror al cuadrado, para evitar que el burgués tome conciencia del terrorismo comunista.


¿Son contrarios los comunistas al terrorismo anarquista de los bombazos? No, solo les incomoda que pueda despertar a una adormecida burguesía a la que es mejor aterrorizar con métodos más sutiles.

lunes, 20 de octubre de 2014

Es Que el Odio Es Más Fuerte, por Hermógenes Pérez de Arce.

 (Portada de Diario La segunda de hoy)


Es Que el Odio Es Más Fuerte, 

por Hermógenes Pérez de Arce.

 

 

          En otra vuelta de tuerca de la revolución marxista-leninista en curso, su sucursal representada por la justicia de izquierda ha dispuesto la detención por el delito de “asociación ilícita”, del coronel (r) Cristián Labbé, ex alcalde de Providencia, por haber oficiado hace cuarenta años de instructor en un regimiento al cual le cupo una eficaz actuación contra los grupos guerrilleros de más de veinte mil hombres en armas que se aprestaban a dar el golpe final a la “democracia burguesa” –como ellos la llamaban-- en 1973.

          A Labbé no le han imputado ningún “secuestro permanente”, como a otros oficiales condenados por mantener imaginariamente privados de libertad a terroristas durante todos estos años. Tampoco haber cometido un “delito de lesa humanidad”, que no estaba tipificado en 1973 y que, no obstante haber sido instituido entre nosotros sólo en 2009, es dotado de retroactividad por nuestros jueces de izquierda, tras acoger las convincentes razones de abogados comunistas como Eduardo Contreras, actual embajador en Uruguay que goza de la prerrogativa de inamovilidad.

Es que al coronel Labbé era preciso condenarlo por algo, y la ministra sumariante Mariela Cifuentes ha descubierto ese “algo”: Labbé perteneció en 1973 a una asociación ilícita, el Ejército de Chile. Pero ¡cómo! si eso no es un “secuestro permanente” ni un “delito de lesa humanidad” y sucedió hace cuarenta años, cuando el plazo máximo de prescripción es de quince. No, es que Labbé es militar. La prescripción se aplica, por ejemplo, a un asesinato múltiple de 1986, confesado públicamente por Guillermo Teillier, porque él es comunista y no militar, aunque fuera el “encargado militar” de su partido. ¿Entiende?

¿Y los jueces de izquierda, que de manera pública, reiterada y desembozada se niegan a aplicar las leyes en los procesos contra militares, no están incurriendo en una prevaricación (que es un delito) sostenida en el tiempo? ¿No constituirían ellos mismos, entonces, una “asociación ilícita”? Por favor, no haga preguntas tontas: los jueces no son militares.

Labbé ha sido un blanco preferente de la actual revolución marxista-leninista en curso, probablemente porque fue la ÚNICA autoridad del país que, cuando dicha revolución se inició, en 2011 y en "la calle", pretendió hacer respetar las leyes. Cuando los estudiantes revolucionarios alzados usurparon los locales de los liceos de Providencia (delito flagrante), llamó a la fuerza pública y los hizo desalojar. Pero los revolucionarios presentaron recursos ante la Corte Suprema, cuya mayoría de izquierda desautorizó al entonces alcalde. Y en esos días quien oficiaba de Presidente de la República también cohonestaba la revolución, afirmando ante Naciones Unidas que era un movimiento “grande, noble, hermoso”. Así es que, finalmente, ya no la detuvo nadie, y en eso estamos hoy.

Chile ha sido siempre un país de profundas divisiones, pero este negativo rasgo se acentuó cuando se instalaron acá las sucursales de la doctrina del odio, el marxismo- leninismo mundial. Antes de su aparición, los chilenos éramos capaces de reconciliarnos después de los más terribles conflictos. Ahora no, porque “el odio es más fuerte” y está en el poder y en la judicatura.

En 1891 hubo una terrible guerra civil. Generó sangrientas venganzas, pero a los pocos años los odios habían sido superados y fueron dictadas suficientes amnistías para que nadie fuera perseguido por sus actos durante el período revolucionario. Es que no había llegado a nuestras costas el marxismo-leninismo, la doctrina del odio. En 1973 se abortó una guerra civil, afortunadamente, al costo de un tercio de las víctimas que generó la de 1891, pero, como la doctrina del odio ya inficionaba a nuestra sociedad, cuarenta años después la vindicta política sigue operando.

He reiterado en este blog que el libro más importante de 2013 fue “Procesos Sobre Violaciones de Derechos Humanos. Inconstitucionalidades, Arbitrariedades. Ilegalidades”, del autor Adolfo Paúl Latorre, que analiza casos como el que afecta al coronel Labbé. Pues bien, ahora dictamino que el libro más importante de 2014 es “Un Veterano de Tres Guerras”, de Guillermo Párvex, editado por la Academia de Historia Militar. Una vez comenzado no se le puede soltar. Las tres guerras fueron la de 1879-84, la Pacificación de la Araucanía y la Guerra Civil de 1891. El “veterano” de la tres fue José Miguel Varela, un noble abogado de 22 años que, inflamado de patriotismo tras la gesta heroica de Prat, se ofreció de voluntario al Ejército en 1879, participó en los más sangrientos combates, hizo una brillante carrera militar y terminó, víctima de la vindicta política, desilusionado de los chilenos y arrojando todas sus condecoraciones a una acequia, pues fue injustamente perseguido después de 1891 por el bando triunfador.

Pero fue víctima de la venganza política por dos años, y no por cuarenta, como ahora lo son los salvadores del país en 1973.

En libros y artículos he sostenido la superioridad moral de los chilenos del siglo XIX respecto a los del XX y el XXI. El rebuscado fallo de la ministra Cifuentes no habría sido posible tras la Revolución de 1891, porque el odio entonces “no era más fuerte”. Duraba menos. Había reconciliación. El perdón los alcanzaba a todos y no sólo al bando vencedor de la posguerra, como ahora, en que los otrora guerrilleros fueron amnistiados e indultados y gozan de jugosas pensiones y prebendas, mientras sus vencedores vegetan en las cárceles, enfermos, octogenarios y sin que siquiera se les reconozcan beneficios penitenciarios (le acaban de rechazar, por mero arbitrio de un agente del odio, el Director de Gendarmería, el derecho a salida dominical al mayor Herrera Jiménez, que lleva 25 años preso, y a quien la salida dominical le había sido autorizada por el Consejo constituido para esos efectos).

El Gobierno Militar, cuando fue triunfador, perdonó y amnistió. Pero, tras ser derrotado en la posguerra, sus sucesores civiles no han sido capaces de eso y nos mantienen en un clima de odio y sin posible reconciliación.





jueves, 16 de octubre de 2014

En Chile también mandan los Castro.



En Chile también mandan los Castro.

El hombre de los Castro en Uruguay, "nuestro" Embajador Eduardo Contreras, se hizo un gran billete en la industria chilena de los derechos humanos, representando a castristas que les fue mal cuando enfrentaron con armas al Gobierno militar.


El sujeto es parte de la cáfila que integra la plana mayor de la UP y buena parte de la judicatura actual que ha perseguido a quienes les dieron la fleta cuando intentaron por la fuerza recuperar el país para los Castro.


Visto que la productividad del negocio ha bajado considerablemente, Bachelet premió a este gallo con la Embajada en Uruguay, donde nadie esperaba que hiciera algo que valiera la pena.


Por lo mismo, nadie debería sorprenderse de que ayer se hubiera mandado esta declaración: "no tengo ninguna duda de que estos actos terroristas que se han registrado son de la ultraderecha. Es lo mismo que hacían cuando estaba Allende, aunque usen elementos anarquistas".


El tenor de sus palabras es absolutamente compartido por toda la nomenclatura bacheletista, pero el horno no está todavía para bollos de esta magnitud y es bien probable que la Gordi deba prescindir de sus apreciados servicios.


Piñera se demoró minutos en sacar de su cargo a Miguel Otero, entonces embajador en Argentina, por haber declarado que la expulsión del gobierno castrista de Allende había sido celebrada por muchos chilenos, lo que pese a ser una verdad del porte de una catedral va contra lo que el catecismo zurdo difunde en todo el mundo. Y a esta altura todos sabemos dónde está el corazoncito de este pretendido líder "derechista".


El verdadero problema para la UP/DC, sin embargo, es cómo sacar a Contreras sin que los Castro les reclamen con reactivar la calle.


Pudiera ser que el vicioso de la foto salga de la embajada, pero no es menos seguro que otro castrista sería designado en el cargo.


Al final del día, no hay que olvidar que Bachelet es una castrista de tomo y lomo; y que el objetivo del gobierno de destruir el modelo es funcional a los intereses de La Habana, que es la que inspira la acción de La Moneda.
 
Tomado de http://cardenaldo.blogspot.com/
 

viernes, 10 de octubre de 2014

Justicia Divina, por Hermógenes Pérez de Arce.






Justicia Divina,
por Hermógenes Pérez de Arce.


          Un programa de televisión me pidió el año pasado que le formulara una pregunta en cámara a Franco Parisi, precandidato Presidencial que debatía con su similar Andrés Velasco, antes de las primarias. Yo le pregunté qué pensaba hacer, en caso de ser electo, con los escandalosos atropellos a la Ley y la Constitución que cometían los Jueces contra los presos y procesados políticos uniformados. Pero entonces Velasco, que no había sido el preguntado, se apropió de la respuesta, manifestó que mi pregunta era “repugnante” y dictaminó que esos militares eran “asesinos, torturadores y violadores de derechos humanos” que no merecían ninguna consideración. Seguramente se sintió más “políticamente correcto” que nunca.


          Pero ahora la Justicia de izquierda, que impera sin contrapeso en nuestro país, le ha hecho probar a él la medicina del abuso y la ilegalidad. Sin ninguna consideración y en medio de la más amplia publicidad negativa, detectives de la PDI, por orden Judicial, se han apersonado a las oficinas de Velasco para incautar sus computadores y documentación, como si fuera un delincuente o traficante de drogas, mientras los periodistas, oportunamente advertidos, por supuesto, se arremolinaban alrededor para no perder detalle de la diligencia y publicitarla ampliamente. Eso basta en este desgraciado país actual para destruir la reputación de una persona. Pues ha llegado a ser costumbre que los procesos se tramiten en papel de diario y ante las cámaras.


          Días atrás comenté el caso de los ejecutivos de Larraín Vial, condenados a multas millonarias en dólares, suficientes para arruinarlos de por vida, sin ellos haber realizado una sola de las operaciones investigadas por la Superintendencia, que los crucificó pasando por sobre un informe en derecho de la Presidente del Colegio de Abogados, Olga Feliú, acreditando que el procedimiento contra Larraín Vial no ha respetado las mínimas exigencias de un debido proceso.


          Permítanme parodiar una vez más al pastor Niemöller: “Fueron por los militares, sin respetar las Leyes ni la Constitución, pero no dije nada porque yo no era militar, y finalmente han venido por mí.” Y Velasco podría añadir: “Una vez dije que era ‘repugnante’ reclamar por que a los uniformados no se les respetaban sus derechos. Pero ahora no me los respetan a mí.”


          Los que aplauden cuando se exhibe en la picota pública y se desprestigia por los medios a personas que no han sido legalmente procesadas ni condenadas, harían bien en ponerse en el lugar de éstas, porque algún día les puede pasar a ellos.


          Hace poco vi a uno de los economistas más serios y respetados de nuestro medio, Klaus Scmidt-Hebel, decir en el programa “Tolerancia Cero” que en una de las sociedades “Cascada” se había falsificado las actas del directorio. Eso también lo afirmaba un titular de “El Mercurio”, pero el mismo no reflejaba toda la información que seguía, pues si uno la leía completa podía comprobar que el gerente de dicha “Cascada” aclaraba que no había tal falsificación, sino que en el borrador del acta de directorio él había observado que no se había incluido una intervención suya dando a conocer hechos relevantes y verídicos, por lo cual había exigido que se rehiciera y se incluyeran sus palabras, lo cual bajo ningún respecto implica una “falsificación del acta”. Pero eso queda para los que leemos toda la información, mientras que la masa se guía por los titulares, repetidos después en noticieros y programas de la farándula como verdades inconcusas.


          Y entonces ahora el escándalo alcanzó a Velasco. Y ello sucedió en los momentos en que un enésimo Juez de izquierda, contraviniendo todas las Leyes, había sometido a prisión a dos Almirantes y un Capitán de Navío por haber formado parte de una “asociación ilícita” llamada Armada de Chile, que en 1973 apresó a un extremista que murió tras haberse arrojado por una ventana del Hospital Naval.


          Afortunadamente la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante una resolución que a lo mejor el Velasco de antes habría considerado “repugnante”, dejó libres a los Oficiales y dictaminó que la Armada, en realidad, no era en 1973 una “asociación ilícita”.


          Le deseo a Velasco un veredicto final que reivindique su buen nombre, pero la escandalosa publicidad negativa de que ya ha sido víctima probablemente no será borrada, como no lo será la que recibieron, desde el General Pinochet para abajo, los Oficiales por años imputados por soborno en el caso de la compra de los tanques “Leopard”, y que acaban de ser finalmente absueltos, pues no habían cometido ilícito alguno. “Mentid, mentid, que algo queda”, aconsejaba el cínico Voltaire. Y los Jueces de izquierda siguen su consejo al pie de la letra.


En todo caso, es seguro que a estas horas hay al menos un arrepentido de haber calificado tan mal el que se impetrara para otros el derecho a la honra y al respeto de la Legalidad.


Nota de la Redacción:


Al cierre de esta nota los trascendidos apuntaban también al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por supuestos aportes del grupo Penta a la fundación "Ciudad Justa".


Ciertamente el Gobierno, por medio del Ministro Elizalde, salió a respaldar al Secretario de Estado, actitud muy diferente a la tenida con otros de los que se especula serían responsables de estos malos manejos.


Creemos que las instituciones deben funcionar plenamente y sancionar a quienes hayan evadido impuesto o a quienes a sabiendas hayan gozado de los beneficios de los ilícitos comentados para financiar sus campañas. Todas las postulaciones deben ser investigadas, sobre todo aquellas que recibieron suculentos montos en aportes reservados, como la candidatura de Bachelet o la de Girardi.

viernes, 3 de octubre de 2014

Sobre el procedimiento Judicial, por Pablo Rodríguez Grez.





Sobre el procedimiento Judicial,
por Pablo Rodríguez Grez.


Todas las encuestas sobre la opinión que merece a los chilenos el funcionamiento y cometido del Poder Judicial dan cuenta de un descontento permanente. Nuestros compatriotas no están satisfechos con los Tribunales y desconfían de su eficiencia. De nada sirve ser titular de un derecho si los medios para hacerlo efectivo no operan o las decisiones necesarias para darle cumplimiento se arrastran durante largo tiempo, dejando indefensos a quienes requieren protección.


La gente reclama "Justicia", entendiendo como tal una reacción oportuna de los órganos jurisdiccionales, sea para castigar un delito, reparar un daño u obtener la restitución de lo que le pertenece. En los últimos años hemos avanzado, es cierto, pero no lo suficiente como para estar satisfechos.


En el ámbito penal, operan dos factores negativos: el "garantismo" (tendencia que pone acento en sobreestimar los derechos del delincuente en desmedro de la víctima), y las inclinaciones ideológicas de algunos Jueces que parecen condicionar sus resoluciones. Ambos factores han ido mermando el apoyo ciudadano al sistema. Se percibe que, en lugar de aplicar una sanción ejemplar y correctiva, con el propósito de desincentivar a quienes infringen la Ley, se les asegura la libertad, a pesar de la reiteración y la reincidencia.


Esta realidad ha traído como consecuencia, por una parte, el rechazo del ofendido que se siente desamparado y, por la otra, permite que se incremente la criminalidad gracias a una excesiva tolerancia. Reiteremos lo que tantas veces se ha dicho, pero que se sigue desoyendo: el combate a la delincuencia solo puede tener éxito en la medida que se aplique la Ley sin contemplaciones y de manera efectiva. Agreguemos, todavía, que la sensación de impunidad -el mejor tónico para el aumento del delito- se ha extendido a sectores que ven a la fuerza pública y la judicatura no solo sobrepasadas, sino incapaces de castigar a quienes violentan el mandato Legal. Tal ocurre dramáticamente en la IX Región, que vive un verdadero alzamiento armado, en nombre de reivindicaciones históricas que desafían abiertamente la institucionalidad vigente.


En el área civil el descontento no es diferente. Los litigios demoran varios años, incluso aquellos procedimientos especiales, establecidos precisamente para que sean resueltos en forma breve y sumaria. Una reforma procesal útil debería considerar a lo menos tres aspectos: desplazar de los Tribunales los juicios ejecutivos que constituyen un subsidio escandaloso en favor de las grandes cadenas comerciales, los bancos y centros financieros y en los que predomina, sin contrapeso, lo administrativo por sobre lo jurisdiccional; instituir procedimientos de tramitación concentrada, sin afectar los derechos en juego, e incorporar principios que, como la oralidad, la inmediación, la eficiencia y la celeridad permitan hacer realidad una Justicia oportuna y de calidad. Nada de ello se logrará si atiborramos a los Jueces con funciones y tareas que no les corresponden, las que, en todo caso, deben financiarse por los beneficiados, y que consumen la mayor parte de la jornada Judicial.


Lamentablemente, en lugar de enfrentar estos problemas con realismo y sentido práctico, los llamados a legislar sobre la materia optan por modelos teóricos, copiados de experiencias extranjeras, divorciados de nuestras mejores tradiciones, y de tan alto costo, que casi siempre queda pendiente la mayor parte de sus postulados.


La Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo preparó un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil, que introduce con prudencia innovaciones radicales, como transferir a un organismo administrativo los juicios ejecutivos, liberando un espacio de tiempo que permitiría a los Jueces optimizar su trabajo, todo ello sin sacrificar un valioso patrimonio jurisprudencial y doctrinario, ni la experiencia de su personal, a veces forjada durante varios años.


No menos importante resulta la intención de dar flexibilidad al procedimiento, equilibrando los derechos de los litigantes, evitando presiones y abusos, como suele ocurrir en la actualidad. Pero esta proposición no ha encontrado eco, porque se prefiere estar en sintonía con organismos foráneos que terminan imponiéndonos la dirección que debemos seguir.


Tanto el derecho sustantivo (constitucional, civil, comercial, administrativo, etcétera), como el derecho adjetivo (procesal), deben inspirarse y reflejar el carácter e idiosincrasia de los imperados y apoyarse en lo que constituye una tradición centenaria. Nuestros Legisladores parecen haber olvidado que el "Estado de Derecho" se sustenta en el cumplimiento espontáneo de las normas jurídicas y que ello implica interpretar los hábitos, usos, costumbres y aspiraciones de la comunidad. Por lo mismo, el encanto por lo extranjerizante debilita lo medular del sistema jurídico.