miércoles, 19 de agosto de 2015

Desvergüenzas en un País Blandengue, por Hermógenes Pérez de Arce.

El ex Juez Alejandro Solís y su señora eran militantes
del MIR, de allí el odio contra los militares.



Desvergüenzas en un País Blandengue,

por Hermógenes Pérez de Arce.




Después de que el (enhorabuena jubilado) juez Solís confesara paladinamente, en el programa “El Informante” de TVN, haber condenado a los militares por el caso Sandoval, de hace más de 40 años, sin probarles delito, sino en virtud de una “ficción”, en circunstancias que el código lo obligaba a probar la existencia del delito en lugar de fingirlo; delito que, además, estaba amnistiado y prescrito, en cuyo caso el mismo código lo obligaba a “negarse a dar curso al juicio”, se explica que la Corte Suprema haya vetado su designación como “asesor de derechos humanos”, “pituto” que pretendían concederle los supremos de izquierda amigos.


Él atribuyó la pérdida de la prebenda a la presión militar, pero desde la misma Corte Suprema se me ha enviado un mensaje verbal en el sentido de que los responsables fueron otros ministros del tribunal, sin injerencia militar alguna. Pero un “pacto de silencio” ha llevado a que ni magistrados ni militares digan públicamente la verdad final sobre el punto.


No hay novedad. La Corte Suprema, en su oficio 33-2015 de 27 de marzo pasado, explicitó su adhesión a la “doctrina Solís”, según la cual las leyes no hay para qué respetarlas; y confesó de plano que la legislación chilena “no contiene delitos adecuados” para poder condenar a los militares, de modo que los tribunales deben recurrir a variadas triquiñuelas y “ficciones” para meterlos presos. “A confesión de parte…”



Mucho peor para la ley, como habría dicho Lenin. Tenemos una dictadura judicial de izquierda. (“Dictadura”: gobierno que se ejerce fuera de las leyes).




Entonces el Gobierno ha resuelto reponerle el "pituto" a Solís, contratándolo en el Ministerio de Defensa como asesor de derechos humanos, seguramente pagándole más que la Suprema. En Defensa es ministro el ex candidato presidencial José Antonio Gómez, un radical de extrema izquierda que en la primaria hizo y dijo todo lo necesario para representar bien al Partido Comunista, lo que, contra sus previsiones, le significó sacar muy pocos votos, no obstante lo cual calificó para ser el imitado favorito de Kramer. La contratación de Solís deja en evidencia la total falta de imparcialidad política del magistrado, si es que ella no había quedado de manifiesto suficientemente en sus fallos contrarios a la Constitución y las leyes y, por lo mismo, estrictamente apegados a las consignas revolucionarias y vengativas del comunismo.


Todo esto es, por supuesto, un gran abuso. No podría tener lugar si éste no fuera un país blandengue, con una opinión pública que se lo traga todo si se lo repiten un suficiente número de veces los periodistas de izquierda que trabajan en medios de derecha; con una oposición más que blandengue, que hace tiempo “se dio vuelta la chaqueta”; y unos militares tan blandengues, que miran para otro lado mientras a sus camaradas, que debieron poner el pecho a las balas terroristas cuando los civiles se lo imploraron, los condenan por venganza a cadenas perpetuas de hecho y les discuten hasta los beneficios penitenciarios. El más reciente fallo, que mandó tras las rejas a 14 militares, uno de los cuales se suicidó y otro ha rechazado entregarse, ha establecido que el Ejército, ya en los ’90, se había convertido en una “asociación ilícita”. Y el Ejército, "siempre vencedor y jamás vencido", se ha tragado tamaños insulto e ilegalidad en completo silencio.


Políticos inescrupulosos, como Aylwin, convocaron a los militares a la lucha contra el extremismo ("hay milicias fuertemente armadas", decía) y después los condenaron por haberles obedecido; y otros aún más inescrupulosos, como Piñera, les triplicaron las querellas y los mandaron a un penal peor, en ambos casos para complacer a los comunistas. Y ahora Bachelet II, para no ser menos, y sabiendo que son presos políticos y caballeros civilizados, quiere cambiarlos a otro penal todavía peor, para que sepan lo que es canela en medio de los reos comunes, y así aprovechar la publicidad que ofrece el aniversario de septiembre. ¿Qué más se le ocurrirá hacerles? ¿Cortarles a los octogenarios y enfermos que sobrevivan un dedo en cada aniversario del 11?


Es que en el Chile de hoy los únicos duros son los comunistas, que salen a la calle a pegarles a quienes se les pongan por delante, aterrorizan a los gobiernos, defienden a muerte a sus guerrilleros, secuestradores y asesinos; les gritan “asesinos” a los militares y mantienen sus armas guardadas "por si las moscas".


Todos les tienen pavor y, comenzando por el citado Piñera y siguiendo por todos los demás, hacen lo que ellos dicen. Y, por si fuera poco, cobran ocho millones de dieta parlamentaria más dos millones de pensión de exonerado, se pavonean públicamente de sus asesinatos (porque para ellos sí rige la prescripción) y, encima (“matón que no abusa se desprestigia”), sacan ficha de protección social.


En conjunto los extremistas le extraen al Estado trescientos millones de dólares al año. Y como a unos treinta mil de ellos se les hizo poca la pensión mensual que les regaló Lagos por declararse torturados, les acaban de aprobar ocho millones de pesos adicionales como bono para que no se declaren en huelga de hambre. No está mal como indemnización por habérseles "violado su derecho humano" a tomar el poder por las armas.


¡Qué vergüenza de país! El resto de los chilenos es un rebaño que repite una y otra vez “beeee”, siendo “beeee” lo que los comunistas les ordenan corear a todos y al que no lo haga le sacan la cresta. En esto ha terminado el otrora “jaguar latinoamericano”, hoy día un gato que les tiene miedo hasta a los ratones.

lunes, 10 de agosto de 2015

De justicia a venganza, por Orlando Sáenz.

Cuándo la Justicia se transforma en venganza esta simplemente ha dejado de
existir para transformarse en un repugnante instrumento político con el que
se busca terminar con la igualdad de los ciudadanos. La Justicia es la gran
desaparecida de nuestra democracia.

De justicia a venganza,
por Orlando Sáenz.



Cuando, en 1989, fui candidato a Senador en las listas de la Concertación de Partidos por la Democracia, hice del castigo a las violaciones de los DD.HH. durante el régimen autoritario el motivo central de mi modesta campaña. En esos tiempos se requería bastante valor para hacer eso, ya que ese régimen autoritario todavía Gobernaba y le dejaba a su sucesor un verdadero Estado dentro del Estado para protegerse. Si yo hubiera sospechado que, un cuarto de siglo después, el castigo a las violaciones de derechos humanos durante el período del General Pinochet se iba a haber convertido de Justicia en venganza, de noble imperativo ético a aprovechamiento político, mi discurso habría sido otro.


Cuando clamaba por justicia, estaban vivos todos los verdaderos culpables de esos actos repudiables y estaban en sus puestos todos los Jueces que habían sido, de alguna manera, cómplices por omisión de horrendos crímenes. Un cuarto de siglo después, el arrastrar a Tribunales a quienes fueron instrumentos de esos crímenes, obligados por la regla de la obediencia debida, que es la norma fundamental de todos los ejércitos del mundo, no solo dejó de ser Justicia, sino que cae de lleno en la venganza institucional y en el aprovechamiento político.


De solo pensar en lo que sería Europa si es que el criterio empleado en Chile se hubiera aplicado a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, o si se hubiera aplicado en España después de la Guerra Civil, me pareció imposible que aquí se negara en algún momento el exonerante moral de la obediencia debida. Los propios Jueces repiten sin cesar que ellos aplican Leyes y no Justicia, y esa es una forma de eludir responsabilidades bajo un pretexto que se parece mucho al de la obediencia debida y, sin embargo, ninguno ha enfrentado los castigos que hoy se les imponen a quienes fueron subalternos obligados cuando ocurrieron los luctuosos sucesos.

Como si esta feroz injusticia no fuera suficiente, los juicios actuales a los militares están, en su mayoría, amparados por disposiciones internacionales que Chile suscribió después de las circunstancias que los provocan, con lo cual se está incurriendo en un vicio de retroactividad que es rechazado en todas partes.


Lo que hace aún más odiosa la caza de brujas con que hoy día el mundo político se venga de las FF.AA. es la calidad moral de los motores que la impulsan. El Partido Comunista es el más ortodoxo que va quedando en el mundo y nunca levantó un dedo para protestar por las monstruosas violaciones de los DD.HH. que han hecho del marxismo-leninismo el mayor asesino de pueblos que reconoce la historia de la humanidad. Es más, buena parte de sus dirigentes vivieron en Rusia y avalaron con su representación tan horrendo período. Jamás nadie en Chile ha visto al Partido Comunista protestar por los crímenes de los regímenes afines que han ensangrentado el mundo durante más de un siglo. Ver a ese partido rasgando vestiduras por la impunidad de los subalternos de la dictadura un cuarto de siglo después de la ocurrencia de los hechos es algo que repugna.


A la Presidente de la República la hemos oído exhortar reiteradamente a los militares a abandonar supuestos pactos de silencio para continuar con la caza de brujas, y jamás nadie la ha visto pedirles a los comunistas esclarecimientos sobre el terrorismo en La Araucanía, sobre el asesinato del Senador Jaime Guzmán o sobre la muerte de los escoltas del General Pinochet el día del atentado en su contra, en todos los cuales hay motivos más que suficientes para suponer alto grado de conocimiento y de complicidad de quienes hoy son sus compañeros de Gobierno.


Son demasiadas las circunstancias que muestran cómo el tema de castigo a la violación de derechos humanos durante la dictadura ha pasado de Justicia a venganza y de preocupación ética a aprovechamiento propagandístico y político de la extrema izquierda. Esas evidencias son lo que ha transformado en sainete lo que fue la transición a un régimen que hizo de la paz y reconciliación su lema y su admirable propósito.


Lo peor de todo es que en Chile abundan los que creen que todo esto no ha afectado la moral y la adhesión de nuestras FF.AA. al sistema democrático que tanto nos costó recuperar. Juzgan el silencio como convicción y no se dan cuenta de que ese silencio se genera más en el principio de la obediencia debida que en cualquier otra consideración. En suma, el mismo principio que no han querido hacer válido para estos procedimientos es el que hoy los protege del resentimiento que cualquiera que se lo proponga puede detectar. La verdad es que se ha creado un abismo de incomprensión y de desencuentro entre la sociedad civil y el mundo militar y esa es una situación que ningún país puede ignorar, sobre todo con los problemas latentes de seguridad que afectan al nuestro.


Por todo lo señalado es que se hace imperativo rectificar los términos de la relación entre el mundo civil y el uniformado si es que verdaderamente queremos una sociedad reconciliada en que sea posible el "nunca más".



Nota de la Redacción:


Aunque no compartimos algunas de las apreciaciones de la historia reciente con el señor Orlando Sáenz, creemos que su análisis sobre la venganza zurda que se está aplicando a los ex Militares que debieron enfrentar a la subversión roja es impecable y que no debe ser pasado por alto por aquellos que creen que la verdadera Justicia es un valor y pilar de la sociedad.