miércoles, 19 de agosto de 2015

Desvergüenzas en un País Blandengue, por Hermógenes Pérez de Arce.

El ex Juez Alejandro Solís y su señora eran militantes
del MIR, de allí el odio contra los militares.



Desvergüenzas en un País Blandengue,

por Hermógenes Pérez de Arce.




Después de que el (enhorabuena jubilado) juez Solís confesara paladinamente, en el programa “El Informante” de TVN, haber condenado a los militares por el caso Sandoval, de hace más de 40 años, sin probarles delito, sino en virtud de una “ficción”, en circunstancias que el código lo obligaba a probar la existencia del delito en lugar de fingirlo; delito que, además, estaba amnistiado y prescrito, en cuyo caso el mismo código lo obligaba a “negarse a dar curso al juicio”, se explica que la Corte Suprema haya vetado su designación como “asesor de derechos humanos”, “pituto” que pretendían concederle los supremos de izquierda amigos.


Él atribuyó la pérdida de la prebenda a la presión militar, pero desde la misma Corte Suprema se me ha enviado un mensaje verbal en el sentido de que los responsables fueron otros ministros del tribunal, sin injerencia militar alguna. Pero un “pacto de silencio” ha llevado a que ni magistrados ni militares digan públicamente la verdad final sobre el punto.


No hay novedad. La Corte Suprema, en su oficio 33-2015 de 27 de marzo pasado, explicitó su adhesión a la “doctrina Solís”, según la cual las leyes no hay para qué respetarlas; y confesó de plano que la legislación chilena “no contiene delitos adecuados” para poder condenar a los militares, de modo que los tribunales deben recurrir a variadas triquiñuelas y “ficciones” para meterlos presos. “A confesión de parte…”



Mucho peor para la ley, como habría dicho Lenin. Tenemos una dictadura judicial de izquierda. (“Dictadura”: gobierno que se ejerce fuera de las leyes).




Entonces el Gobierno ha resuelto reponerle el "pituto" a Solís, contratándolo en el Ministerio de Defensa como asesor de derechos humanos, seguramente pagándole más que la Suprema. En Defensa es ministro el ex candidato presidencial José Antonio Gómez, un radical de extrema izquierda que en la primaria hizo y dijo todo lo necesario para representar bien al Partido Comunista, lo que, contra sus previsiones, le significó sacar muy pocos votos, no obstante lo cual calificó para ser el imitado favorito de Kramer. La contratación de Solís deja en evidencia la total falta de imparcialidad política del magistrado, si es que ella no había quedado de manifiesto suficientemente en sus fallos contrarios a la Constitución y las leyes y, por lo mismo, estrictamente apegados a las consignas revolucionarias y vengativas del comunismo.


Todo esto es, por supuesto, un gran abuso. No podría tener lugar si éste no fuera un país blandengue, con una opinión pública que se lo traga todo si se lo repiten un suficiente número de veces los periodistas de izquierda que trabajan en medios de derecha; con una oposición más que blandengue, que hace tiempo “se dio vuelta la chaqueta”; y unos militares tan blandengues, que miran para otro lado mientras a sus camaradas, que debieron poner el pecho a las balas terroristas cuando los civiles se lo imploraron, los condenan por venganza a cadenas perpetuas de hecho y les discuten hasta los beneficios penitenciarios. El más reciente fallo, que mandó tras las rejas a 14 militares, uno de los cuales se suicidó y otro ha rechazado entregarse, ha establecido que el Ejército, ya en los ’90, se había convertido en una “asociación ilícita”. Y el Ejército, "siempre vencedor y jamás vencido", se ha tragado tamaños insulto e ilegalidad en completo silencio.


Políticos inescrupulosos, como Aylwin, convocaron a los militares a la lucha contra el extremismo ("hay milicias fuertemente armadas", decía) y después los condenaron por haberles obedecido; y otros aún más inescrupulosos, como Piñera, les triplicaron las querellas y los mandaron a un penal peor, en ambos casos para complacer a los comunistas. Y ahora Bachelet II, para no ser menos, y sabiendo que son presos políticos y caballeros civilizados, quiere cambiarlos a otro penal todavía peor, para que sepan lo que es canela en medio de los reos comunes, y así aprovechar la publicidad que ofrece el aniversario de septiembre. ¿Qué más se le ocurrirá hacerles? ¿Cortarles a los octogenarios y enfermos que sobrevivan un dedo en cada aniversario del 11?


Es que en el Chile de hoy los únicos duros son los comunistas, que salen a la calle a pegarles a quienes se les pongan por delante, aterrorizan a los gobiernos, defienden a muerte a sus guerrilleros, secuestradores y asesinos; les gritan “asesinos” a los militares y mantienen sus armas guardadas "por si las moscas".


Todos les tienen pavor y, comenzando por el citado Piñera y siguiendo por todos los demás, hacen lo que ellos dicen. Y, por si fuera poco, cobran ocho millones de dieta parlamentaria más dos millones de pensión de exonerado, se pavonean públicamente de sus asesinatos (porque para ellos sí rige la prescripción) y, encima (“matón que no abusa se desprestigia”), sacan ficha de protección social.


En conjunto los extremistas le extraen al Estado trescientos millones de dólares al año. Y como a unos treinta mil de ellos se les hizo poca la pensión mensual que les regaló Lagos por declararse torturados, les acaban de aprobar ocho millones de pesos adicionales como bono para que no se declaren en huelga de hambre. No está mal como indemnización por habérseles "violado su derecho humano" a tomar el poder por las armas.


¡Qué vergüenza de país! El resto de los chilenos es un rebaño que repite una y otra vez “beeee”, siendo “beeee” lo que los comunistas les ordenan corear a todos y al que no lo haga le sacan la cresta. En esto ha terminado el otrora “jaguar latinoamericano”, hoy día un gato que les tiene miedo hasta a los ratones.

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