El
Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el Grave Quebrantamiento del
Orden Constitucional y Legal de la República, del 22 de agosto de
1973.
ACUERDO:
“Considerando:
1º
Que es condición esencial para la existencia de un Estado de
Derecho, que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio
de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y
ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y
la ley les señalan, y que todos los habitantes del país puedan
disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura
la Constitución Política del Estado;
2º
Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que
en el curso de los años, ha ido plasmando en ella el consenso
fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues,
destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación
sino que negar, en la práctica, toda posibil idad de vida
democrática;
3º
Que son estos valores y principios los que se expresan en la
Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo
2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y
que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta
les delegue y, en el artículo 3º, se reduce que un Gobierno que se
arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en
sedición;
4º
Que el actual Presidente de la República fue el egido por el
Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un Estatuto de Garantías
democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo
como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su
Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él
solemnemente se comprometió a respetar;
5º
Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus
inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el
evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto
control económico y político por parte del Estado y lograr de ese
modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente
opuesto al
sistema
democrático representativo, que la Constitución establece;
6º
Que, para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones
aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas
un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de
desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los
demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que
la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y,
permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos,
ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación,
con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la
institucionalidad
y del Estado de Derecho;
7º
Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional,
depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los
siguientes atropellos:
a)
Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de
legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para
la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente
materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o
por simples resoluciones administrativas fundadas en “resquicios
legales”, siendo de notar que todo ello se ha hecho con el
propósito deliberado y confeso de cambiar las
estructuras
del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola
voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad
del legislador;
b)
Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso
Nacional
al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le
compete para destituir a los Ministros de Estado que violan la
Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados
en la Carta Fundamental, y
c)
Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho
“tabla rasa” de la alta función que el Congreso tiene como
Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma
constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido
aprobada con estricta sujeción a las normas que par
a
ese efecto establece la Carta Fundamental;
8º
Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los
siguientes
desmanes:
a)
Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de
doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de
injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado
graves atropello
s
de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;
b)
Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes
que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del
Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o
mediante el incumplimiento d
eliberado
de órdenes de detención;
- Ha violado leyes expresas y ha hecho “tabla rasa” del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un “juicio de méritos” a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;
9º
Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República
- un
organismo
autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad
administrativa - el Gobierno ha violado sistemáticamente los
dictámenes
y
actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del
Ejecutivo o de entidades dependientes de él;
10.-
Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y
derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden
destacarse los siguientes:
a)
Ha violado el principio de igualdad ante la ley , mediante
discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la
autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de
todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las
facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y
en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio
Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en
norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio
que él no se considera Presidente de todos los chilenos;
b)
Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo
toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión
que no son incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando
ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas “cadenas”
ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de
oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el
monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las
disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de
Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un
funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo
exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria
y de difamación de los adversarios políticos;
c)
Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que
la
Constitución
reconoce a las Universidades para esta blecer y mantener estaciones
de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la
Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones
ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al
obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad
Católica de Chile;
Ha
estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio
del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son
adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos
a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos
pertinentes y se apoderen de calles y camiones para amedrentar a la
población;
e)
Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación
en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de
Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue
como finalidad la
concientización
marxista;
f)
Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho
de
propiedad,
al permitir y amparar más de 1500 “tomas ”
ilegales
de predios agrícolas, y al promover centenares de “tomas” de
establecimientos
industriales
y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y
constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la
economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la
insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el
mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina
del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota
al país y que amenaza el bienes
tar
mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad
nacional;
Ha
incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos,
además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha
tolerado que las victimas sean sometidas en muchos casos a
flagelaciones y torturas;
h)
Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus
organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el
caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de
represión;
i)
Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores
injustamente
perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente
y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición
de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo
expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación
real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que
les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad
sindical mediante el
paralelismo
político en las organizaciones de los trabajadores;
j)
Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite
salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley
contempla;
11.-
Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la
formación
y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de
una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una
autoridad
que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta
violación de lo dispuesto en el artículo 10 Nº 16 de la Carta
Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos
Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados
todos a crear el mal
llamado
“Poder Postular”, cuyo fin es sustituir a los Poderes
legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura
totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el
Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por
todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas.
12.-
Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la
formación
y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno , de grupos armados que,
además de atentar contra la seguridad de las personas y sus
derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a
enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial
gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus
importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas
perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden
silenciarse, por su alta gravedad, los
públicos
y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de
Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía
institucional e infiltrar políticamente sus cuadros;
13.-
Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de
altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros,
el Excmo. señor Presidente de la República lo denominó “de
seguridad nacional” y le
señaló
como tareas fundamentales las de “imponer el orden político”, e
“imponer el orden económico”, lo que sólo es concebible sobre
la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas
constitucionales y legales que configuran el orden institucional de
la República;
14.-
Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser,
por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no
sólo para un sector de la Nación o para una combinación política.
Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse
para que cubran con su aval determinada política partidista y
minorista, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones
de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia
democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad
institucional, paz civil, seguridad y desarrollo;
15.-
Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el
artículo 39 de la Constitución Política del Estado.
LA
CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
PRIMERO.-
Representar
a S.E., el Presidente de la República y a los señores
Ministros
del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de
Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y
legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias
referidos en los consideran dos Nºs
5º a 12 precedentes;
SEGUNDO.-
Representarles,
asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de
fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el
caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las
instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha
invocado para incorpor
arlos
al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las
situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las
leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías
del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y
las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;
TERCERO.-
Declarar
que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros
en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En
caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y
profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con
abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la
Constitución Política y con grave
deterioro
de su prestigio
institucional,
y
CUARTO.-
Trasmitir
este acuerdo a S.E., el Presidente de la República y a los señores
Ministros de Hacienda, Defensa Nacional. Obras Públicas y
Transportes y
Tierras
y Colonización”.
Dios
guarde a V.E.
Luis
Pareto González (Presidente),
Raúl
Guerrero (Secretario)
(La
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http://historia1imagen.cl/2007/05/28/salvador-allende-la-via-chilena-al-socialismo/
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