PRESOS
POLÍTICOS.
Los hechos por los que están siendo juzgados
los Militares y Carabineros —sin considerar el contexto histórico en el que
ellos ocurrieron— son el resultado del fanatismo, del odio y de la validación
por parte de ciertos sectores de izquierda de la violencia como método de
acción política, lo que produjo el enfrentamiento entre chilenos y el quiebre
de la democracia y del orden institucional de la República; obligando a las
FF.AA. y de Orden a intervenir —a ruego de la gran mayoría de los chilenos—
como último recurso para evitar la anarquía y la guerra civil.
Los hechos por los que se está juzgando a los Militares
ocurrieron durante uno de los capítulos más dramáticos de la historia de Chile,
dentro del marco de un enfrentamiento armado; y la lógica de las armas conlleva
muertos, secuestrados, torturados, desaparecidos y abusados; en definitiva,
dolor y sufrimiento.
Los Militares están siendo sometidos a una
venganza de los sectores de izquierda, porque éstos ven en aquellos a quienes
les impidieron consumar su proyecto totalitario. A los Militares se les está
aplicando el lema “ni perdón ni olvido” y el “Derecho Penal del enemigo”, razón
por la que se les condena sin respetárseles sus derechos Constitucionales y sus
garantías procesales, que sí les fueron respetados a quienes llevaron a efecto
acciones terroristas o de subversión armada.
Las resoluciones judiciales que condenan a los Militares
son arbitrarias e ilegales, porque infringen diversas normas legales y
principios, valores, derechos y garantías constitucionales.
Muchos Jueces no aplican, a sabiendas, normas
expresas y vigentes (cometiendo el delito de prevaricación) o las aplican
torcidamente; tales como la Ley de amnistía, la prescripción de la acción penal
y la cosa juzgada.
Muchos Tribunales aplican errónea o
abusivamente normas de derecho internacional y atropellan los principios de
igualdad ante la Ley, legalidad, tipicidad, irretroactividad de la ley penal,
culpabilidad, favorabilidad —aplicación de la Ley penal más benigna—, debido
proceso, presunción de inocencia, etc.
La aplicación sesgada de la Ley y la negación
para los militares de los derechos que ella consagra a todos los chilenos,
sumada a la implacable, encarnizada e ilegal persecución de la Oficina del
Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, transforma inevitablemente a
los Militares y Carabineros privados de libertad en presos políticos.
Refuerza lo anterior el hecho de que la misma Justicia
que condena a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad —que debieron
pelear en defensa de la nación—, no alcanza a los terroristas que estas fuerzas
debieron combatir.
Los veteranos del 73 están ante una especie de
terrorismo jurídico que viola sus derechos humanos —cohonestado por el Gobierno
a través de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del
Ministerio de Justicia, que les niega beneficios penitenciarios y que no ha
accedido a otorgar los indultos humanitarios solicitados por condenados
privados de libertad de avanzada edad y gravemente enfermos--; ante una justicia
prevaricadora, monstruosa, diabólica, perversa y vindicativa que, apartada del
derecho, vulnera gravísimamente principios, valores y garantías
constitucionales, lo que agravia la dignidad de la República y atenta contra la
democracia y el Estado de Derecho.
Los Militares del 73 están sometidos a juicios
espurios, a procesos judiciales que son meras vías de hecho con apariencia
jurídica. Las sentencias dictadas en contravención a la Constitución y a las Leyes
son solo una expresión de fuerza Estatal. Las sentencias condenatorias así
dictadas adolecen de un vicio de nulidad de derecho público (pues contravienen
las normas de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República).
Los Militares que están privados de libertad en razón de tales sentencias están
secuestrados por el Estado.
A los Militares no se les hace justicia, sino
que se les condena, sea como sea.
Lamentablemente, tamaña corrupción no conmueve
a nadie. Sobre esto nadie habla. La sociedad guarda silencio, en general por
ignorancia. Y la dirigencia política también guarda silencio, pero este
silencio es doloso.
Adolfo Paúl Latorre, Viña del Mar, 29 de mayo
de 2013.
