martes, 27 de julio de 2010

Izquierdos humanos y derechos humanos.


Izquierdos humanos y derechos humanos.

Para una coalición que se mantuvo sobre la base de artificios, mentiras y montajes, perder la Presidencia no es un episodio ordinario de la dinámica política. Pese al descomunal vaciamiento de las arcas fiscales hacia organizaciones afines para paliar este alejamiento, la llamada Concertación por la Democracia (su mero nombre es una falacia) sabe que la pérdida del control del ejecutivo dañará seriamente la máquina de propaganda de las tesis que le permitieron sujetar el poder por 20 años.

De partida, la simple preferencia de los electores por la coalición política que su propaganda descalificaba como nostálgicos de la dictadura es un categórico mentís a lo que constituía el núcleo de su mensaje publicitario —ser los únicos democráticos— y proyecta una amplia sombra de duda respecto del convencimiento real que creían haber instalado en la ciudadanía de otras cuestiones sustanciales de su discurso político.

Sin apoyo propagandístico, los artículos de fe del credo concertacionista corren serio riesgo de exhibir su falsedad: el arraigo mayoritario del gobierno de la Unidad Popular, la exaltación de Allende como persona talentosa y democrática, Pinochet como guante de la mano de la CIA, la Concertación como impulsora del desarrollo y, entre varias otras cuestiones sustanciales de su tesis propagandística, la que ellos llaman “cuestión de los derechos humanos”.

Con la etiqueta “derechos humanos”, los concertados rotularon el costosísimo y descomunal programa de victimización, inculpación y reparación económica diseñado para evadir el juicio histórico del intento de cubanizar Chile y, al mismo tiempo, estigmatizar políticamente a los militares que expulsaron al castrismo... y a todo chileno que hubiera apoyado el aborto de ese proceso.

Como todas las consideraciones esenciales del mensaje concertacionista, la de derechos humanos es precaria y no resiste la menor de las revisiones. Sin un aparato de propaganda que bloquee la verificación de las denuncias, mantenga la presión que impida un juzgamiento equilibrado y urja por indemnizaciones como justa y “mínima” reparación, no es posible sostener todo este tinglado por demasiado tiempo.

De allí que, a menos de 5 meses de asumido el nuevo gobierno, surja la repentina “urgencia” de intentar bloquear el ejercicio de la potestad presidencial del indulto, hasta ahora ejercida sin presiones y sin conocimiento público. En varios casos pudimos saber de las indulgencias extendidas por los presidentes concertacionistas sólo cuando un nuevo asalto o asesinato había sido cometido por alguien que suponíamos entre rejas.

Si algunos militares condenados por “derechos humanos” son indultados por el Presidente será porque se ha revisado sus casos y se ha constatado que muchos de ellos en realidad constituyen abusos increíbles de los derechos de esas personas condenadas, es decir, de verdaderos derechos humanos.

Para desalentar al Presidente de siquiera intentarlo, los concertacionistas han emitido una lluvia de ominosas declaraciones y han compuesto sesudas columnas para demostrar que don Sebastián no debe indultar a ningún militar.

Carlos Peña, concertacionista con una columna en el diario El Mercurio afirma que “no es correcto conceder el indulto, ni particular ni general, a ningún violador de los derechos humanos”, alegando que los delitos contra las personas “ejecutados por agentes del Estado tienen una gravedad excepcional”, con lo cual todos podriamos estar de acuerdo... siempre que esta consideración se hubiera aplicado de acuerdo a derecho, es decir, en todos los casos.

Bajo Allende muchos agentes del Estado cometieron infinitas fechorías de todo tipo, incluyendo despojos, torturas, violaciones y asesinatos. El bloqueo por parte de su gobierno de la actuación de la policía y de los tribunales transformó a esos abusadores en agentes del estado seguros de su impunidad, situación denunciada por la Corte Suprema y recogida por la Cámara de Diputados, la que finalmente llamó a las fuerzas armadas a expulsar al castrismo del poder precisamente por arrasar con los derechos humanos.

José Zalaquett, concertacionista reputado por algunos como experto en este tema afirma (El Mercurio, domingo, 25 de julio de 2010, página D4) que estos abusos se cometieron durante el gobierno militar y que ello “ocurrió luego de una salida de fuerza ante una aguda polarización política”. Es decir, para este experto los abusos cometidos bajo Allende quedan cubiertos por la polarización política, como si ambos bandos se hubieran enfrentado con los mismos recursos y no hubiera existido de parte de los agentes de Allende el apoyo del estado que les aseguraba impunidad.

La pretensión del concertacionismo es inmoral. Siendo que ninguno de los abusadores de los derechos humanos bajo Allende está preso y tampoco ninguno de los terroristas que empuñaron las armas para aniquilar inocentes bajo el gobierno militar, lo que corresponde es liberar casi a todos los militares, sin más trámites. Sobre todo sabiendo que la mayoría de los juicios han sido amañados despojando a los acusados de todo derecho a las garantías del debido proceso y que NINGUNO de ellos constituye peligro para la sociedad simplemente porque NUNCA lo fueron.

Esta carta que inserto a continuación, publicada en El Mercurio hace unos años, es un doloroso ejemplo de las injusticias que por tanto tiempo se han cometido y de la impudicia de los que reclaman para sí el título de demócratas.

"Señor Director:

En estos tiempos en que los terroristas son "víctimas" y quienes nos salvaron de ellos "victimarios", me he acordado de una excelente mujer, esposa y madre: Antonieta Maachel. Había llegado de Italia junto a su marido, Eneas Recalcatti. Formaron el fundo "Tregua" de Panguipulli. Cuando su marido murió, Antonieta se hizo cargo con mucho sacrificio y tesón, hasta que en noviembre de 1970 su tierra y su casa fueron tomadas por José Gregorio Liendo ("Comandante Pepe", hoy "víctima" por cuyo fusilamiento el juez Guzmán persigue a militares).

Antonieta fue secuestrada y ultrajada en forma brutal por todos los forajidos de la banda, y en su desesperación se quitó la vida en su dormitorio, mientras sus agresores se daban un banquete en el comedor de su casa. Dejó tres hijos adolescentes librados a su suerte y despojados de sus bienes. Para ella no hubo "derechos humanos". Por su muerte nadie ha hecho ni hará un "mea culpa".

Chile tiene el alma herida desde entonces y no ha podido sanar porque constantemente se está reviviendo sólo una parte de su historia, pero se ha pretendido hacernos olvidar la otra, donde se originó todo.

Paz Rodríguez Correa.


martes, 13 de julio de 2010

Noticias de interés publicadas ayer.

Noticias de interés publicadas ayer:

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http://www.terra.cl/actualidad/index.cfm?id_cat=1675&id_reg=1457415


Diputado Kast (UDI): “El indulto a militares es necesario para la reconciliación”.

Aun cuando falta menos de una semana para que la Iglesia Católica dé a conocer su propuesta de Indulto para el Bicentenerario, el diputado José Antonio Kast (UDI) hizo un llamado a incluir en este proyecto a todos los chilenos que por razones humanitarias pudieran ser objeto de este beneficio.

“Todos somos iguales ante a la ley y no encuentro justo que si, en una fecha tan importante para el país como es el Bicentenario de la República, se entrega el beneficio de indulto a personas que cometieron delitos, se excluya del mismo a ciertas personas por ser militares”, señaló el parlamentario.

Esto, a raíz de los dichos del senador Eduardo Frei respecto de que la oposición no aceptará que con motivo del Bicentenario se indulte a “violadores de los derechos humanos”.

Kast agregó que en esta materia, es el momento de tener altura de miras, de que “como señal de reconciliación-“, el país acepte un indulto sin exclusiones: a civiles y militares, hombres y mujeres, pobres y ricos. “El indulto a militares es necesario para la reconciliación. La única forma de cerrar las heridas es perdonándonos", dijo.

En este sentido, el diputado dijo que el indulto es un gesto que “nos enaltece, nos hace mejores personas, le hace bien a la sociedad y demuestra el Chile que aspiramos construir: un Chile justo y bueno para todos”.

El parlamentario agregó que “en este Chile del Bicentenario es necesario abrir los ojos: La única posibilidad de cerrar las heridas es que todos seamos capaces de perdonar. Hay mucha gente joven y decepcionada que heredaron los rencores porque sólo ven trincheras y odio. Muchos de los condenados tienen una edad avanzada, están enfermos y han pagado sus faltas con años de cárcel. Lo mismo ha pasado con terroristas detenidos”.

Finalmente, aludiendo a la muerte del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, quien fue baleado por un grupo de terroristas del Frente Patriótico Manuel Rodriguez, Kast señaló que “Jaime Guzmán, quien perdió su vida hace 20 años muy probablemente hoy estaría por el perdón”.

Despachado por Agencia UPI.

Senador Coloma respalda eventual indulto sin distinciones.

SANTIAGO.- El presidente de la Unión Demócrata Independiente UDI) senador Juan Antonio Coloma afirmó este lunes que está abierto a acoger "excepcionalmente" la propuesta de la Iglesia Católica para indultar a ciertas personas por motivo del Bicentenario, sin distinción de los delitos que hayan cometido, asegurando que el senador Eduardo Frei se equivoca cuando plantea que el tema pone a prueba el compromiso del ejecutivo con los Derechos Humanos.

Coloma se refirió a los indultos, argumentando que "hay que tener mucho cuidado, procurando que estos no afecten la seguridad ciudadana. Para nosotros lo más importante en esta materia es garantizar la seguridad ciudadana y sólo uno podría estar abierto excepcionalmente a un indulto en casos de delitos leves o de relaciones humanitarias muy grave, pero sin distinción entre civiles y militares, porque puede alguien, por ejemplo, tener un cáncer terminal y ser objeto de indulto, no hay que mirar si es civil o militar sino que ver si lo merece por un caso de salud", planteó el timonel UDI.

Asimismo, sostuvo que "el senador Frei se sigue equivocando, se equivocó como candidato y ahora se equivoca como analista político. Este es un gobierno que no está a prueba, este es un gobierno que está ejerciendo el poder porque la mayoría de las personas prefirió que fuera Sebastián Piñera y no Eduardo Frei quien gobernara Chile, entonces creo que el mínimo decoro de alguien que perdió una elección es dejar que el otro gobierne y no creer que es acreedor y que tiene a prueba al otro", argumentó.

El líder gremialista se refirió también al fallo definitivo de la Corte Suprema, sobre el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, manifestando a nombre del partido "el rechazo absoluto" a los crímenes y "solidarizar con la familia y coincidir con las palabras del comandante en jefe quien ha señalado que este es el tipo de cosas que no pueden ocurrir en un país, y quiero ser súper claro en esa materia", sostuvo.


sábado, 3 de julio de 2010

INDULTO DEL BICENTENARIO ¿SOLUCIÓN AL PROBLEMA?, por Patricio Quilhot Palma.

INDULTO DEL BICENTENARIO

¿SOLUCIÓN AL PROBLEMA?,

por Patricio Quilhot Palma.


Ante la inminente presentación de la propuesta final de la Iglesia Católica sobre el indulto del bicentenario, la izquierda ha comenzado a apretar las clavijas a su estrategia de bloqueo, con el propósito de evitar que se debilite la campaña de persecución político-jurídica que ha orquestado en contra de los militares en retiro.


La ambigüedad mostrada por el gobierno al no definir claramente su posición frente a la posibilidad de que el beneficio pueda llegar a los uniformados condenados por casos de derechos humanos, ha estimulado a la maquinaria vengadora haciéndola llegar incluso a La Moneda, donde intentó imponer las medidas que sirven para sus espurios intereses. Junto con exigir al gobierno que no incluya a los uniformados en el indulto, demandaron a éste el reemplazo de la Jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, mostrando su insatisfacción por la tarea cumplida por quien dirige la suerte de "cabeza de playa" que la izquierda mantiene dentro del palacio. Esta última petición es realmente curiosa, puesto que hasta ahora dicha funcionaria había realizado al menos dos actuaciones relevantes en favor de la izquierda y que amenazaron gravemente al gobierno de la Alianza.


La primera, como se recordará, correspondió a la insistencia en pedir la reapertura del caso Soria, situación que para fortuna del Ejecutivo fue resuelta convenientemente por la Corte Suprema, evitando que su eventual aceptación desatara una avalancha de reaperturas de otros casos que como éste, se encuentran absolutamente cerrados y ejecutoriados.


La segunda, se trató de la sorpresiva e injustificada citación a declarar en un caso de DD.HH. al recién nombrado Subsecretario de Defensa y ex – Comandante en Jefe del Ejército, la que fuera gestionada por un abogado subalterno del programa en cuestión, sin conocimiento de su jefa, ni menos del Ministro del Interior.


Ambas situaciones debieran haberle ganado a esta funcionaria el agradecimiento de esta suerte de "comando vengador anti-militar", conformado por una amplia gama de organizaciones establecidas al amparo de la Concertación y financiadas generosamente por los gobiernos anteriores. Sin embargo, el resultado fallido de ambas gestiones incomodó a sus líderes, impulsándolos a exigir su reemplazo a un gobierno que no reaccionó ante el ridículo en que lo dejó esta oficina.


La molestia del Presidente frente a la impertinente exigencia de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos quedó en evidencia con la brusca interrupción de la reunión, informada por los medios de prensa y ratificada por las enojadas y frustradas dirigentas, acostumbradas a que las autoridades se doblegaran a sus demandas. El problema es que las dirigentas cometieron en esta oportunidad el grave error de extralimitarse en el ejercicio del poder adquirido en los últimos años, consiguiendo sacar de quicio a un Presidente que se ha caracterizado por adoptar una posición conciliadora y contemporizadora, que al parecer fue confundida con una debilidad inexistente.


Aún cuando la ratificación de la jefa del programa era la reacción esperable ante el exabrupto de la agrupación en cuestión, llama la atención que el Presidente de la República siga validando la existencia del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, organismo que dice continuar el trabajo de la Comisión de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 19.123 y que terminó su existencia el 31 de Diciembre de 1996. El programa que el Presidente valida, creado por Decreto Supremo 1.005 de fecha 25 de Abril de 2007, para un propósito meramente administrativo, es decir para velar por el destino de los bienes de la disuelta comisión, sin que en caso alguno se le faculte para participar en procesos judiciales y sin que pueda prolongar la vida de una corporación extinta por la misma ley que la creó.


¿Cómo se explica entonces que los tribunales de derechos humanos sigan aceptando la participación de este organismo ilegal? ¿Cómo se puede entender que el Ministerio del Interior de este gobierno no se haya tomado la molestia de entender que el tal programa no es otra cosa que una forma de desviación de platas para financiar la venganza? Esta y muchas otras inquietudes surgen de casos como éste, pero es aquí en particular que se agradece el descriterio de la AF.DD.DD., quienes con su acción nos permiten denunciar el hecho de fondo, muchísimo más grave que la buena o mala evaluación de un mando medio del gobierno.

Es realmente sorprendente que la primera autoridad de la nación carezca de una asesoría capaz de advertirle que no debe ni puede seguir validando esta ilegalidad, por la que tarde o temprano alguien deberá rendir cuenta y que ─como se han ido dando las cosas─ puede ocurrir que por no haberse deshecho de ella a tiempo, la responsabilidad sea atribuida por los descarados de siempre a un gobierno que la recibió de herencia.


La persecución política desatada a todo dar en contra de los uniformados está comenzando a alcanzar ciertos límites de descaro que afortunadamente la ponen en evidencia ante los ojos de una sociedad que hasta ahora ha mantenido una hipócrita indiferencia, aceptando el cuento que le han querido contar y adoptando una posición de distancia crítica de los "violadores de los derechos humanos". En ello, no ha habido la menor consideración a las injusticias que a diario cometen en contra de los uniformados algunos tribunales que aplican leyes no vigentes en Chile o que violan principios jurídicos que la Constitución garantiza para todos los chilenos, sin distinción, como por ejemplo: la prescripción.


Este tipo de abusos pseudo-jurídicos han sido eficazmente cubiertos por el engañoso manto de los delitos de "lesa humanidad", concepto que ─aunque parezca increíble─ recién comienza a tener vigencia en Chile a partir de mediados del año 2009, sin poder ser aplicado con efecto retroactivo, según lo establece el propio Estatuto de Roma, instrumento internacional que lo define y que fue suscrito por el gobierno y debidamente ratificado por el Senado.

En medio de este caos virtual de la justicia en Chile, la posibilidad de que un indulto permita hacer llegar un poco de clemencia ─ya que no de justicia─ a un grupo importante de ex – uniformados hoy en prisión, no es ni la sombra de la solución que este sector de la población necesita, ya que el perdón por el bicentenario solo podrá llegar a algún pequeño universo de presos políticos militares, sin conseguir poner término a la persecución política que se desarrolla sobre una enorme cantidad de ex – miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros y que con la ampliación a los casos de "tortura", promete seguir con uno cuantos miles más. Todo ello, en un país que se jacta de ser "democrático".