domingo, 27 de julio de 2014

Escribo Sólo por Motivación, por Hermógenes Pérez de Arce.





Escribo Sólo por Motivación,
por Hermógenes Pérez de Arce.


        Yo escribo por motivación. Pudo haberme motivado la información de que los niñitos de la UDI siguen estudiando cómo hacer que la Declaración de Principios de su partido, que redactó Jaime Guzmán con diversos aportes de otras personas, pase a ser del gusto del 90% de los chilenos actuales que tienen el cerebro lavado. Pero eso no me motiva demasiado, porque no es grave, sino sólo ridículo, y en todo momento lo he asimilado a la ironía de Groucho Marx que decía: “Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros”.


        En cambio sí me motivaron las siguientes pregunta y respuesta en una entrevista a Eugenio Tironi en “La Segunda” del sábado: P: “El historiador Alfredo Jocelyn-Holt dice que se pasó del slogan ‘avanzar sin transar’ a ‘transar sin parar’. R: “Que le vaya a decir eso a cualquier familia chilena que salió de la pobreza, no tiene hijos desaparecidos y vio cómo se conmemoraron los 40 años del golpe”.


        Esa respuesta representa el grado en que se han lavado los cerebros de los chilenos y la magnitud del cinismo de los autores del lavado. La gente en Chile salió de la pobreza gracias al modelo económico-social establecido bajo el Gobierno Militar y sus modernizaciones y privatizaciones, que llevaron al país desde los últimos lugares de crecimiento y las mayores inflaciones a situarse a la cabeza de América Latina en ambos aspectos indispensables para derrotar la pobreza.


        Resulta particularmente hipócrita la referencia de Tironi a “la familia chilena que no tiene hijos desaparecidos”, sobre todo dicha por un ex militante del MAPU, que tenía, según Carlos Altamirano, una considerable guerrilla terrorista. Por supuesto que en los ‘70, en el combate a un terrorismo armado que atacaba desde la clandestinidad, se producían represiones indeseadas y desaparecimientos. Pues a su turno la guerrilla marxista mató 301 personas sólo entre el 11.09 y el 31.12.73.


Cuando Aylwin decidió traicionar a los militares y bienquistarse con la UP, patrocinando el sesgado e injusto Informe Rettig de 1991, éste dio cuenta de algo más de 900 desaparecidos. Después el número aumentó debido a los beneficios económicos reconocidos a los casos en que se dictaminaran desapariciones políticas. Pero en Chile, según cifras de Carabineros, desaparecen cada año 2.500 personas (diferencia entre las “denuncias por presunta desgracia” y los encontrados en cada año). Publiqué esas cifras en mi libro “Terapia para Cerebros Lavados”. En todo caso, entre 1978 y 1990 sólo hubo 23 denuncias de desaparecimientos políticos documentadas por el Informe Rettig.


Entonces, obviamente bajo Gobiernos como los de los ’90, que no tenían una guerrilla adversa, porque los ex UP patrocinadores de la misma estaban en el poder (socialistas, MAPU, IC, PR) o eran favorecidos e indemnizados por éste (PC, MIR), no había ni podía haber secuela alguna del terrorismo y, más aún, los asesinos ex integrantes de la guerrilla gozaban de impunidad para matar selectivamente, como lo hicieron con Jaime Guzmán.

 
        También resulta odiosa la referencia de Tironi a “cómo se conmemoraron los 40 años del golpe”. Pues, en efecto, tal conmemoración, con la complicidad activa del Gobierno de Sebastián Piñera, de funesto recuerdo, constituyó toda una vergüenza nacional. Muy pocas veces en la historia de las naciones civilizadas unos pocos controladores de los medios de opinión pública y las superestructuras políticas le habían mentido tanto a tanta gente.


        Por cierto, Tironi se declaró arrepentido de haber criticado a Piñera y de haber escrito el libro “Por Qué No Me Quieren”, al comprobar que ambos habían trabajado codo a codo en la tarea de lavar los cerebros nacionales con motivo de los 40 años del 11.


Los que deseen más detalles de esa gigantesca “Operación Falsedad” pueden encontrarlos en mi blog “El Libro de las Verdades Olvidadas” publicado el 11 de septiembre de 2013 y otras entradas posteriores.


        La conmemoración de los 40 años del golpe quedará, en todo caso, como un baldón en la hoja de vida de la honestidad chilena, si es que existe tan improbable  bitácora.


        Sí debería hacerse referencia a ese penoso episodio de propaganda política masiva en el contexto de algún estudio sobre las “Grandes Vergüenzas Nacionales”.

viernes, 25 de julio de 2014

Entre la Sevicia y el Odio, por Hermógenes Pérez de Arce.



Entre la Sevicia y el Odio, 

por Hermógenes Pérez de Arce. 

 


          Ayer me convidaron a dirigirles la palabra unos oficiales en retiro preocupados por sus camaradas ilegalmente presos y por estar algunos de ellos mismos indebidamente procesados; y, además, porque una mayoría de la Cámara, dando fe de que “el odio es más fuerte”, ha oficiado a la Presidenta para que, superando la marca de Piñera al cerrar Cordillera, traslade a los actuales presos políticos uniformados a un penal peor.


La iniquidad perpetrada contra los militares es antigua y prevalecerá, porque es impune, pues ya se sabe que sus camaradas en servicio activo “no rescatan a sus caídos tras las líneas enemigas”. Además, la mayoría del país ha optado por aceptarla, tanto que Piñera subió en las encuestas cuando hizo su canallesco aporte de cerrar el Penal Cordillera. Chile premia el odio y la sevicia (crueldad extrema e innecesaria).


La realidad es que en el Chile de hoy hay dos grupos de seres completamente indefensos y a los cuales se les puede hacer impunemente cualquier cosa: los que están por nacer, porque no votan y no pueden hablar en su propia defensa ni siquiera cuando resuelven matarlos; y los militares que combatieron al terrorismo, porque, si bien votan, son una minoría, y además impopular, que tiene el peor defecto que puede tener una minoría: no es capaz de meterle miedo a nadie.


Los comunistas también son una minoría, pero todos saben que tienen armas y explosivos y cuando alguien los molesta excesivamente lo matan. Simón Yévenes, un poblador UDI, los molestaba en exceso en su población y lo mataron; Jaime Guzmán los sacaba de quicio en el Senado hablando contra el terrorismo y lo mataron. Entonces, todos les temen a los comunistas y “les hacen la pata”. ¿Por qué Sebastián Piñera fue al entierro de Volodia Teitelboim y declaró que era “un grande de la historia de Chile”, a sabiendas de que había organizado el entrenamiento en Cuba de jóvenes chilenos para que vinieran a matar   compatriotas acá en los ’80? Por miedo. ¿Por qué Guillermo Teillier puede vanagloriarse públicamente de ser el autor intelectual de un quíntuple asesinato y ningún juez lo procesa y cuando alguien se querella contra él los jueces aplican la prescripción? Por miedo. ¿Por qué a los militares les niegan la prescripción y los procesan y condenan contra todas las demás leyes y faltando muchas veces a la verdad de los hechos? Porque nadie les tiene miedo. No son capaces siquiera de hacer una huelga de hambre. Cuando algunos amenazaron con ella, sólo duró hasta después del primer desayuno que rechazaron.


Por eso los portaestandartes del odio en el país, los marxistas, lograron recién más de cincuenta votos en la Cámara para pedir el traslado de los presos de Punta Peuco a un penal común junto a los delincuentes habituales. Los Kerenskys, siempre presa del pánico a la extrema izquierda, se plegaron. Sólo la mitad de la derecha se atrevió a votar en contra y la otra mitad se puso en fuga de variadas maneras, absteniéndose o ausentándose.


Todos saben, por supuesto, que los presos políticos militares no son delincuentes, y que nunca cometieron delitos antes ni después de haber sido convocados a combatir el terrorismo. Por esa sola razón el sentido común dice que no pueden ser llevados al mismo lugar de los asesinos, asaltantes, violadores y traficantes de droga. Por eso se construyó Punta Peuco, bajo Frei Ruiz-Tagle. Cuando Aylwin los traicionó escribiendo su carta inconstitucional a la Corte Suprema para que no aplicara la amnistía sino hasta el final de los procesos y formó la Comisión Rettig para exculpar a la extrema izquierda y condenar moralmente a los militares, tras haber sido el “gatillador del golpe”, como lo prueba el libro “De Conspiraciones y Justicia” de Sergio Arellano Iturriaga, y tras haber defendido a los militares en los meses en que se produjo el 60% de todos los caídos en la lucha de los uniformados contra la guerrilla marxista (entre el 11.09 y el 31.12 de 1973), fiel al “dictum” de su jefe máximo Eduardo Frei Montalva, “esto se arregla sólo con fusiles” (Acta Rivera), estaba convencido de que en Chile se iba a dar vuelta la hoja. Pero después él y los demás Kerenskys se han sumado a la perpetuación del odio propugnada por los comunistas y a que no se diera vuelta la hoja. ¿Por qué? Por miedo.


¿Por qué en 2007 dos Kerenskys faltaron al acuerdo (que se perdió 15 a 17) entre senadores concertacionistas y aliancistas para indultar a los presos uniformados que hubieran cumplido diez años de presidio, tal como se había perdonado antes a los terroristas de izquierda posteriores a 1990 (los anteriores a ese año ya habían sido perdonados por Aylwin, Lagos y Frei). Por miedo a las mujeres gordas y vociferantes de organizaciones de fachada comunistas tras las cuales hay “encapuchados” capaces de todo.

Sin duda, tarde o temprano a los presos políticos uniformados los van a trasladar a un penal común, junto a los peores delincuentes habituales; los van a degradar oficialmente y los van a privar hasta de sus pensiones, acuérdense de mí. Porque el odio izquierdista es más fuerte, insaciable, como su sevicia, y porque nadie les tiene a los militares el menor miedo. Y en Chile el que no mete miedo lo único que logra es que lo persigan con más saña y abusen más de él. En este país nunca se va a dar vuelta la hoja. El odio es más fuerte. Y la votación en la Cámara puso en evidencia quienes son los eternos promotores del odio entre chilenos, acompañados de los eternos Kerenskys que, como de costumbre, los siguen por temor.

miércoles, 23 de julio de 2014

El peligro de la violencia.






El peligro de la violencia.


Una semana después del atentado con una bomba en un vagón del Metro, antenoche hubo en Santiago tres estallidos de carácter incendiario que dañaron las puertas del templo de Santa Ana, declarado Monumento Nacional, y otro explosivo, que alcanzó a ser desactivado, fue hallado junto a un jardín infantil. Por las similitudes en sus materiales y su confección, en ambos casos los autores podrían ser los mismos, y en la iglesia se encontraron panfletos de apoyo a los chilenos que están presos en España por este tipo de actividades y que acá habían sido absueltos de acusaciones similares.


Si bien nadie ha reivindicado todavía el ataque al Metro, con ocasión del bombazo del 1 de julio en la Cooperativa de Carabineros, una publicación de corte anarquista lamentó que no se hubiera logrado allí “un incendio destructor” y repudió las recientes condenas Judiciales por el asesinato del Cabo Luis Moyano. Si a esta violencia urbana se suman los ya habituales incendios en la zona centro sur (seis maquinarias forestales y una vivienda en Arauco este domingo) y el que los daños causados por la protesta de un grupo mapuche impidieran que comenzara a operar el nuevo aeropuerto de La Araucanía, parece evidente el aumento de los actos de violencia utilizados como arma de presión o de venganza.


Sería injustificable que las autoridades encargadas de proteger la paz social y los derechos de las posibles víctimas terminen por habituarse a esta situación sin reaccionar como es debido. Una cosa son los debates de teoría Jurídica que permitan perfeccionar los instrumentos Legales, como la Ley Antiterrorista, y otra muy distinta la pasividad para usar las herramientas de que se dispone y la necesidad de una acción coordinada y eficaz de las policías y el Ministerio Público, donde el propio Fiscal nacional expresa preocupación y pide más recursos y atribuciones para que las investigaciones lleguen a buen fin. Por cierto el problema no se reduce a los grupos antisistema, porque existe también en otros ámbitos quizás menos relevantes y por eso hay normas para evitarlo incluso en los espectáculos masivos, porque la violencia no es nunca algo anecdótico ni trivial.


Al igual que en otros valores sustanciales como la fe pública, aquí no importa tanto la cuantía de lo que resulta afectado como la vulneración de un principio fundante de la vida en sociedad. Casi sin darnos cuenta, se está pasando de los atentados simbólicos a otros que pueden ser letales, y que además limitan la actividad diaria y normal de la población, como el uso del Metro o la asistencia al jardín infantil. Hay ejemplos dramáticos de países que así perdieron el rumbo, donde el uso de la fuerza fue primero un hábito tolerado y luego se transformó en poder incontrarrestable. En esto nadie puede eximirse de actuar, porque la mejor defensa está en los ciudadanos que viven esa amenaza, pero quienes deben encabezar una política decidida y eficiente son las autoridades en cada Poder del Estado, y sobre todo el Gobierno, directamente responsable de cerrar el paso al mal de la violencia.


domingo, 20 de julio de 2014

Este Pobre País Desmemoriado, por Hermógenes Pérez de Arce.






Este Pobre País Desmemoriado,

por Hermógenes Pérez de Arce.



        La verdad no deja tranquilo a este pobre país desmemoriado. Porque los extremistas de siempre (usted, yo y todos sabemos de dónde provienen) tuvieron que repetir su “hazaña” de poner una bomba en el metro, con tan mala suerte para su imagen que lo hicieron en los justos días en que se cumplía otro aniversario de su anterior bomba en el metro, en 1986, cuando el brazo armado comunista FPMR ponía explosivos en todas partes, y entre ellas ésa, que dio muerte a un pacífico pasajero.


        La coincidencia es desafortunada para la izquierda porque justamente en 1986 la actual Presidente convivía con el vocero del FPMR que colocaba las bombas, Alex Voijcovich. Posteriormente no pocos frentistas convocaban a conferencias de prensa clandestinas, en las cuales comparecían encapuchados, asegurando que la conviviente de Voijcovich era una activa militante del Frente, donde se la conocía por su alias de “Claudia”.


        Como el país durante todos los años de Gobiernos de centroizquierda se ha dedicado a ocultar la verdad y a perseguir y denostar a los militares que debieron combatir al terrorismo que colocaba bombas como las del metro, atentados como el de 1986 han sido cuidadosamente escondidos de la memoria colectiva y, por el contrario, el Gobierno de Sebastián Piñera se esmeró en reforzar las mentiras históricas de la izquierda (crítica a los “cómplices pasivos”) y triplicó el número de querellas contra los uniformados que combatieron el terrorismo perpetrado por ella.


        Pero la historia discurre al margen de los intereses políticos y no se cuida de esconder lo que la corriente políticamente correcta desea mantener oculto. De modo que se ha conmemorado el aniversario del ferrocarril de Santiago a Valparaíso, que cumple su sesquicentenario, lo cual ha dado lugar a que también se recuerde la fecha, 1986, precisamente, en que debió ser interrumpido ese servicio de trenes, no sólo por su inviabilidad económica sino ante el atroz atentado que perpetró la extrema izquierda terrorista y que destruyó el puente Queronque, en la V Región, atentado que frecuentemente se le recuerda a ese ex prohombre concertacionista, ex Ministro y ex Senador, Carlos Ominami, a la sazón integrante del MIR, que se atribuyó el atentado.


Pues a raíz del mismo, que destruyó la doble vía ferroviaria en el lugar, se provocó después un choque frontal de trenes constitutivo de la catástrofe ferroviaria más luctuosa de la historia del país, que provocó 54 muertes y centenares de heridos.


        Como Chile ha vivido dedicado a perdonar y hasta a homenajear a terroristas autores de atentados como ésos (cerca de un millar fueron indultados, conmutados y amnistiados --sí, amnistiados de acuerdo al muy vituperado Decreto Ley de Amnistía de 1978--, al tiempo que se persigue inmisericorde e ilegalmente a los agentes de seguridad que lucharon contra los terroristas). Hay más de sesenta de aquéllos cumpliendo condena en un penal hacinado, donde ya cinco han muerto. Piñera cerró el otro en que algunos vivían pasablemente y sin hacinamiento las consecuencias de la prevaricación judicial.


Entonces ahora se trata de olvidar todo lo que inculpe a la izquierda y exculpe a las fuerzas de orden. Y la Justicia de izquierda prepara un “catastro de los procesos sobre derechos humanos”, que si se dijera la verdad tal como es debería ser denominado “catastro de la Prevaricación Judicial”; pero esta iniciativa, por razones que no quedan claras en los comunicados oficiales de la Corte Suprema, ha dividido al Pleno de ésta y ha conducido a que renuncie a Presidir dicho “catastro” el ´Presidente del más alto Tribunal (alto por jerarquía, no por su respeto a la Constitución y las Leyes). Al parecer, hay corrientes internas que no comparten su iniciativa.


        Pero, como la verdad puede ser oficialmente ocultada pero no por eso deja de existir, en estos días se promueve la edición masiva, para poner al alcance del mayor número de chilenos, de un extracto del libro más importante publicado en 2013, “Procesos sobre Violación de Derechos Humanos: Inconstitucionalidades, Arbitrariedades e Ilegalidades”, del abogado Adolfo Paúl Latorre, que es una descarnada denuncia de los atropellos que la Justicia de izquierda ha cometido y sigue cometiendo contra quienes estuvieron en la primera línea del combate al FPMR de la bomba en el metro, al MIR de la catástrofe de Queronque y a los “compañeros de tropa” cubanos que intentaron por la fuerza del terrorismo y las armas instalar un Gobierno totalitario en Chile.



        La mayoría de este pobre país desmemoriado no tiene idea de lo que realmente sucedió y aplaude la persecución a quienes lo salvaron, tras haber llevado al poder a los victimarios devenidos “víctimas”, totalitarios travestidos de demócratas y agresores recalificados de agredidos y generosamente indemnizados por los Jueces de izquierda.



        De todo lo cual dejo constancia hoy, una vez más, en la triste certeza de que la gran mayoría perseverará en su ignorancia histórica y consumará los disparates que el Gobierno presidido por la otrora “Claudia” le propone y se ha empeñado en consagrar, para así reeditar el fracaso que tomó 17 años superar.

domingo, 13 de julio de 2014

La Primera Víctima de la Revolución en Curso, por Hermógenes Pérez de Arce.






La Primera Víctima de la Revolución en Curso,

por Hermógenes Pérez de Arce.


¿Vale la pena seguirle dando vueltas al curso de la Revolución? No, más aún si todos se preocupan sólo de algunos aspectos menos graves de ella.


En la economía, la revolucionaria Michelle 2.0 ha dado paso a la más moderada Michelle 3.0 (no tan moderada como la Michelle 1.0 de 2006-10, con Andrés Velasco de factótum, pero por lo menos ahora algo alarmada de las consecuencias de su propia revolución). Entonces, la Reforma Tributaria pasa a ser, de desastrosa, a sólo perjudicial; y tenemos a todo el mundo respirando aliviado y a los empresarios jugando su acostumbrado papel de dejarse cortar la mano para salvar el brazo.


Un freno similar a la Reforma Educacional se torna inminente, siendo el ejemplo de los patines lo que convenció a todo el mundo de que el disparate era demasiado grande y había que optar por otro menor. Y ése será el paso siguiente.


Y, en fin, la Reforma Constitucional ya se ha transformado en un mero anuncio de una propuesta que estará redactada para 2018, cuando “ya habrá pajaritos nuevos” y, como antes he predicho, asumirá otro Gobierno de signo opuesto al actual. Eso puede darse por seguro.


Personalmente, entonces, más que de todo eso estoy preocupado del estado moral del país. Exponente del mismo es un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, en sala integrada por las Ministros Teresa Figueroa y Gloria Solís y el abogado Ángel Cruchaga, que ha confirmado otro del Ministro en Visita Miguel Vásquez, condenando a cinco años y un día de presidio al oficial retirado de la Armada Jorge Osses Novoa porque, siendo Teniente, el 5 de octubre de 1973, y cumpliendo una orden superior, detuvo al funcionario de CELADE Fernando Olivares Mori y lo condujo al Ministerio de Defensa Nacional. Fue todo lo que hizo.


Y el Ministro en Visita y los de la Corte concuerdan en que el Teniente Osses sólo detuvo a Olivares y lo trasladó al Ministerio, entregándolo ahí. Y por esa conducta perfectamente lícita le imponen cinco años y un día de presidio como autor de un “secuestro calificado”. ¿Le importa al país que esté preso un Oficial (r) inocente? Nada.


Eso es lo verdaderamente más grave de lo que sucede hoy en Chile.


Los sentenciadores ilegales añaden que (y aquí está, por supuesto, “la madre del cordero”), por tratarse de un “delito de lesa humanidad”, el Estado debe pagar una indemnización de 800 millones de pesos a la familia del detenido.


Lo más notable de este fallo es que los Jueces confiesan estar conscientes de que no existe el “secuestro” por el cual condenan a Osses, como que afirman: “Han pasado más de cuarenta años y el condenado nunca tuvo la curiosidad de averiguar lo sucedido con Olivares Mori”. Pero ¿no lo están condenando por mantenerlo “secuestrado”? Es decir. SABEN que el delito NO EXISTIÓ. Y sin embargo, lo condenan. ¿Cabe mayor inmoralidad?


Por supuesto, la cadena de la prevaricación que cometen (delito de los Jueces al fallar contra Ley expresa, sancionado por el art.223 del Código Penal con inhabilitación perpetua y presidio o reclusión menores) es mucho más grave y extendida que eso, pues:


1)        Desconocen la prescripción;


2)        Desconocen la amnistía;


3)        Condenan a un ex agente del Estado por “secuestro”, delito que sólo puede ser cometido por particulares, según el Código Penal; y siendo que los mismos Jueces reconocen en su fallo que Osses se limitó a “trasladar al detenido”, lo que reafirma que fue una “detención” transitoria y no un “secuestro” permanente;


4)        Afirman que “las causas por delitos de lesa humanidad son imprescriptibles”, siendo que tales delitos sólo fueron tipificados en Chile en 2009, al aprobarse el Tratado de Roma que los establece, y en cuyo art. 24 se dice expresamente que sus normas no pueden aplicarse a hechos anteriores a su vigencia; además, nuestra Constitución garantiza que “ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por una ley promulgada con anterioridad a su perpetración”.



Desde la época de los Jueces nazis (que no sólo condenaban por razones políticas sino que insultaban a los procesados) que no se veía Tribunales, como los chilenos actuales, que añadieran a la prevaricación el insulto. Lo hacen los tres Ministros de la Corte de Apelaciones en el caso Osses y dirigen a éste las siguientes invectivas en su fallo de 9 de julio último: “… a lo anteriormente señalado debe agregarse que el condenado, aunque muy joven, era Oficial de la Armada de Chile, es decir, no se trataba de un marinero haciendo su servicio militar. Se trataba de un engranaje de la institución  naval (…) finalmente señalar que su participación se limitó a trasladar al detenido, hoy desaparecido, desde el lugar en que ese trabajaba hasta el Ministerio de Defensa, y desde ahí no haber sabido nada de él, a juicio de estos sentenciadores es una excusa inaceptable para un Oficial, más aún cuando denota un desprecio absoluto por el destino de un ser humano. Han pasado más de cuarenta años de aquellos episodios y el condenado nunca tuvo la curiosidad de averiguar lo sucedido con Olivares Mori y mucho menos colaborar para cerrar una herida nacional”.


          Los propios Ministros sentenciadores reconocen, entonces, que no es verdad lo del secuestro hasta hoy por el cual condenan a Osses, y lo vituperan por no preocuparse del destino del detenido, del cual él, por otro lado, no tenía por qué saber más, tras cumplir la misión de trasladarlo y entregarlo, sobre todo en un período en que había una lucha armada (entre el 11.09 y el 31.12 de 1973 murieron 301 personas a manos de la extrema izquierda, según la Comisión Rettig y su continuadora la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación).


          El país se preocupa de que se estén gestando una tributación, una educación y una Constitución  con visos totalitarios, mientras dentro de él opera una Justicia no sólo con visos, sino de actuar completamente totalitario, para la cual de nada valen la Verdad de los Hechos, el Mandato de las Leyes, el Sentido de la Equidad ni los Derechos Fundamentales de las Personas, sino que todos esos valores son avasallados por la sed de venganza política.


El caso del Oficial (r) Osses Novoa es sólo uno entre muchos, pero prueba que siempre la primera víctima de toda Revolución de izquierda, como la que está en curso, es el Estado de Derecho y su componente fundamental: el derecho humano a un debido proceso.


Éste está siendo crónica e impunemente atropellado en el Chile actual por la Justicia de izquierda, pero todo el mundo está preocupado de otras cosas. “Primero les fue desconocido a los militares, pero yo no era militar…”