Chile:
¿proceso Constituyente o adoctrinamiento?,
por
Andrea Kohen.
La
llegada de Michelle Bachelet al Palacio de La Moneda ha traído
consigo una serie de profundas reformas de tinte socialista que
buscan “combatir y acabar con el modelo que tanta desigualdad e
injusticia social ha generado” en Chile.
Bajo
este contexto, resulta conveniente plantearse si el país ha
sido conducido hacia un proceso Constituyente o hacia un
verdadero adoctrinamiento, lo que se convierte en tema digno de
análisis.
Varios
aspectos merecen ser destacados: si bien la Constitución actual de
Chile fue creada durante el régimen militar, la misma fue
reformada en un 95% durante el Gobierno del presidente Ricardo Lagos
y adaptada a los principios democráticos de nuestra sociedad.
De
hecho, el 17 de septiembre de 2005, Lagos declaró: “Hoy
firmamos solemnemente la Constitución democrática de Chile. Este es
un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar (…)
por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de
Chile, del alma permanente de Chile, éste es un logro de todos los
chilenos”.
Recientemente
se ha anunciado la creación de Cabildos abiertos para que la
ciudadanía participe en un proceso constituyente y tenga la
posibilidad de expresar sus ideas, que serán “tenidas en cuenta”
en la redacción de la nueva Carta Magna, bajo el monitoreo de
algunos agentes “facilitadores del Gobierno”.
De
todo esto surgen unas cuantas cuestiones a evaluar: ¿qué principios
y aspectos de la actual Constitución son merecedores de un cambio?
¿La Constitución Nacional ha dejado de responder a las demandas y
cosmovisiones de la sociedad chilena?
¿Los
cambios que necesita Chile son tan drásticos que no pueden ser
soportados en reformas? ¿Realmente los chilenos hemos dejado de
sentirnos representados por la Constitución y por sus instituciones?
Lo
anterior nos dirige hacia un cuestionamiento adicional: si la opinión
de los ciudadanos no ha sido tenida en cuenta en temas como la salud,
el transporte o la educación, ¿en qué se fundamentan las
esperanzas de que esta vez será diferente?
La
historia, parece dejarnos una lección: si ninguno de los
interrogantes anteriores es afirmativo, se debe a que el Gobierno de
turno tiene un interés especial para que sus intentos reformistas no
encuentren obstáculos presentes o futuros. En este sentido,
corresponde considerar el caso de Venezuela, por ejemplo.
Por
su parte, las declaraciones de José Miguel Insulza, agente en la
Haya del Gobierno de Chile, dan cuenta de una abierta oposición,
desde la misma bancada oficialista, a un proceso ilegítimo e
innecesario que está destinado a fracasar: “Tengo el sueño de
equivocarme, pero creo que este proceso de debate no va a llegar
demasiado lejos (…) no tengo grandes esperanzas respecto de la
primera etapa, porque no va a participar la misma gente”.
Consciente
de que Insulza trabaja para un Gobierno al cual le debe
“lealtad”, no es de extrañar que posteriormente se haya
excusado. Esto lo aleja de su carácter frío y calculador, y
revelaría las habilidades persuasivas y diplomáticas de su
“empleadora”.
Sin
embargo, de las palabras de Insulza queda un sinsabor, ¿cuál es la
raíz del fracaso que éste respetado político observa?
Primero se
observa el nivel de desinformación. Los integrantes del Consejo de
Observadores, que son los encargados de monitorear los “cabildos
abiertos” para que no haya conducción ideológica o parcialidad en
las discusiones, han manifestado preocupación por el desconocimiento
de lo que realmente será su trabajo, ya que no tienen guía sobre lo
que deben sancionar.
Segundo,
la Constitución democrática y republicana que se encuentra vigente,
establece los requisitos y medios para su reforma o sustitución.
¿Por qué en vez de acudir a medidas populistas, no se respetan los
mecanismos preestablecidos?
Los
métodos que sugiere Bachelet no están contemplados en este tratado,
y el mensaje que envía es el de invalidar la misma Constitución,
que a ella la respalda en su ejercicio dentro del Ejecutivo.
Tercero,
la ausencia de debates que determinen la pertinencia de una nueva
Carta ratifican la ausencia del “carácter democrático” de la
coalición de Gobierno, la misma que estará presente durante la
redacción del documento final.
¿Qué
son o serán entonces, los cabildos? Un escenario de catarsis
nacional, donde se les hace creer a los ciudadanos que de lo que ahí
salga surgirá la nueva Constitución, que sus quejas, deseos serán
materializados en la nueva Carta Magna, sin embargo no será más que
una reunión que como máximo aspirará a servir de catarsis.
Si
se impulsa un proceso constituyente es porque alguien determinó que
era necesario y por lo tanto tiene al menos una imagen de lo que
desea como resultado antes de obtenerlo. No en vano, quienes
liderarán este proceso, serán activistas del Partido Comunista y
Socialista.
Resulta
curioso que aunque el Gobierno de Bachelet tiene la convicción de
que los cambios que ellos proponen son necesarios para evitar el
colapso del país, nunca esclarezca cuáles son esos cambios y cómo
pretende implementarlos.
Quizás
este proceso constituyente no es más que una oportunidad para los
ciudadanos de desahogarse, pero no de aportar a la creación
del nuevo documento, pues cuando un Gobierno ve la necesidad de este
tipo de procesos, es porque quiere guiarlo en una dirección
determinada.
Para
el Gobierno, la Constitución es espuria, es un vestigio de la
dictadura y sin detenerse a conciencia en su contenido, sólo desean
deshacerse de ella y de las instituciones que protegen a la
República.
Por
eso es que el proceso no puede sino ser un camino de adoctrinamiento
civil para lograr convencer con recursos públicos, de que las
personas deben dejar sus libertades y futuro en manos de un Gobierno
que sabrá administrarlos mejor que uno mismo.
Finalmente,
el principio de la democracia es el pluralismo y la libertad de
pensamiento, ¿dónde queda el debate? ¿Dónde o en qué parte del
proceso quedarán los opositores?
Las
redes sociales y otros canales informativos nos han permitido
observar que la Nueva Mayoría y sus seguidores no están abiertos al
diálogo, tanto así, que se refieren a sus contrincantes como
“fascistas, nostálgicos de la dictadura, pinochetistas, golpistas,
reaccionarios, cavernarios y sediciosos”.
¿Es
esta la República que queremos? ¿Garantizará efectivamente las
libertades esta “nueva Constitución” cuando se deja por fuera a
la oposición?
Sólo
queda esperar que este periodo acabe pronto y que Chile haya
aprendido la lección, para comenzar a escoger correctamente a los
verdaderos constructores de una República libre.
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