Restauración de la democracia, por Pablo Rodríguez Grez.

Restauración de la democracia,

por Pablo Rodríguez Grez.

Desde hace varios años, e insistentemente, ciertos sectores políticos se atribuyen para sí el mérito de haber restaurado (recuperado, dicen ellos) la democracia. En cierta medida, toda la construcción institucional que proponen en reemplazo de la actual (que no está clara) conduce a una falacia histórica que impide consolidar los proyectos futuros. Para dar consistencia a esta consigna se ha acuñado un nuevo concepto: la "democracia a medias", que corresponde, más o menos, a un sistema democrático incompleto o defectuoso.

Algunas verdades evidentes, que ningún chileno de buena fe podría negar, se utilizan torcidamente para la creación de un escenario falso que puede arrastrarnos a errores de consecuencias insospechadas.

Comencemos por reconocer que la democracia en Chile colapsó estrepitosamente y que a ello contribuimos todos los chilenos: de izquierda, de derecha e independientes. La democracia, entre 1964 y 1973, se fue desvalorizando progresivamente, en medio de las tensiones de la "Guerra Fría", al extremo de calificársela de burguesa, clasista, formal e instrumento de explotación. El Pronunciamiento Militar de 1973 tuvo como razón de ser recuperarla, depurando todo aquello que la hacía inviable, principalmente la destrucción económica, la demagogia y la lucha de clases. La Constitución de 1980 trazó el camino para superar la encrucijada histórica que vivíamos, dando, bien o mal, los pasos necesarios para lograr este objetivo.

Fue el pueblo, en 1988, el que resolvió el camino a seguir, poniendo fin a la estructura institucional de emergencia que se había creado precisamente para restaurar, con los resguardos necesarios, el régimen democrático. Sucesivas y numerosas modificaciones a la Carta Política acusan la intención de ir avanzado en su perfeccionamiento, lo cual obedece al legítimo derecho de la ciudadanía de adaptar sus instituciones a las exigencias que nacen en la cuna de la soberanía. No parece justo, en consecuencia, imputar a los Constituyentes de 1980 el avieso propósito de enjaular al país en un marco destinado a forzar su continuidad.

Los últimos acontecimientos (acuerdos sobre reformas de especial significación), más allá de los acuerdos y consensos alcanzados, han proyectado claramente una nueva dimensión de nuestro régimen institucional. No obstante todas las advertencias y proposiciones hechas en el pasado sobre la necesidad de dar a las fuerzas sociales una efectiva participación en el ejercicio del poder, se sigue desconociendo su importancia y participación en todo aquello que les concierne directamente. Ya no basta con mayorías Parlamentarias circunstanciales para rediseñar el destino de Chile; se requiere un respaldo social ciudadano, como quiera que se le llame. A la detección de esta voluntad contribuirían, cada día con mayor efectividad, las innovaciones tecnológicas que ponen en nuestras manos modernas formas de expresión y conexiones intersubjetivas.

Los partidos no deben ser en el futuro la única expresión de la voluntad política. Cualquiera sea la forma en que se los conciba, una inesquivable realidad demuestra que ellos se identifican con intereses de clase, de modo que, a lo largo del tiempo, son formidables instrumentos para agudizar la confrontación y el descontento. Por lo mismo, entregar a ellos el monopolio del poder político implica introducir un germen de disociación y desintegración. Por otro lado, una ley de hierro revela que todos ellos tienden naturalmente a aumentar su influencia y predominio, transformándose en "máquinas de poder", en desmedro de proyectos coherentes y bien cimentados.

Como si lo anterior no fuere suficiente, otro fenómeno, la "partitocracia" -analizada a fondo por el cientista político español Gonzalo Fernández de la Mora-, transfiere a las directivas partidistas las facultades que el sistema confiere a los órganos públicos, provocando graves distorsiones. Nuestro país, de tiempo en tiempo, vuelve a quedar envuelto en rencillas políticas en que los dirigentes se disputan enconadamente el ejercicio efectivo del poder.

Creemos, en consecuencia, que asumiendo la importancia de estos hechos, ha llegado el momento de que nuestros Constitucionalistas se empeñen, no en degradar la trayectoria de las instituciones fundamentales, sino en hallar los cauces a través de los cuales pueda renovarse y enriquecerse la representación política. Una reforma Constitucional de esta especie, hecha en el marco consagrado en la misma Constitución, modernizaría la democracia restaurada. Si no somos capaces de racionalizar lo ocurrido en el pasado y lo acomodamos abusivamente a los postulados que abrazamos, volveremos a tropezar, una vez más, con la misma piedra.

Columna tomada de Diario El Mercurio