La Prueba de
la Decencia,
por Hermógenes Pérez de
Arce.
Los chilenos podemos tener diferencias en
nuestros puntos de vista políticos, pero sabemos las mismas cosas.
Todos sabemos que los militares retirados
presos no lo están por haber tenido intención de delinquir, sino por haber
participado en lo que consideraban una guerra interna, donde había un enemigo
muy definido que, cuando, podía, los mataba a ellos. Los Tenientes Carevic y
Zegers, el Carabinero Miguel Ángel Tobar, el Coronel Roger Vergara y el General
Carol Urzúa, por nombrar sólo unas pocas de las 423 víctimas de las balas o
bombas extremistas entre 1973 y 1990, acreditan que había una guerra interna.
En nuestros días los norteamericanos y los israelíes dan muerte a terroristas dispuestos
a matar norteamericanos e israelíes. Lo consideran un deber de seguridad
nacional. Hillary Clinton, preguntada sobre qué debía prevalecer, si la
seguridad nacional o los derechos humanos, dijo que la primera. Es así en todo
el mundo. Entonces, los chilenos de ambos bandos sabemos que los militares
presos no lo están por ser delincuentes, sino por combatir al enemigo
terrorista como lo hacen todos los países enfrentados al terrorismo.
La segunda cosa que todos, los de ambos bandos,
sabemos, es que los uniformados presos son personas que en la vida normal
respetan las Leyes y los derechos de los demás. Si no, no habrían pertenecido a
las fuerzas armadas. Entonces, todos sabemos que están presos por una razón
política, no por una razón de protección social. Ninguno de esos presos
uniformados es un peligro para la sociedad. Ninguno, absolutamente ninguno, va
a convertirse en asaltante, ladrón, violador o asesino. Por eso su hoja de
antecedentes es impecable, salvo por los delitos que los Jueces les han
imputado en su lucha contra el terrorismo de extrema izquierda.
Todavía todos los chilenos sabemos una tercera
cosa: que los juicios contra los militares son ilegales. Todos sabemos que hay
normas Legales que impiden condenarlos y que no hay ni una sola norma
internacional que impida eximirlos de responsabilidad penal. Está por ver la
luz pública un documentado libro del abogado Adolfo Paul Latorre,
"Procesos de Derechos Humanos", que agota el tema en estas materias y
deberá ser en el futuro un texto de estudio acerca de por qué se ha atropellado
el Estado de Derecho en los juicios contra militares. Incluso el propio ex
Presidente Aylwin, en su famosa carta de 1991 a la Corte Suprema para que no
aplicara la amnistía sino hasta la sentencia de los procesos, decía
expresamente que su Gobierno respetaba la amnistía. ¿Por qué lo dijo así por
escrito? Porque la amnistía es una Ley vigente y válida y porque no hay razón
alguna para desconocerla, salvo la prevaricación ("torcida administración
de Justicia") de los Jueces.
Como todos los chilenos sabemos esas cosas se
establecieron recintos penales especiales para los uniformados. Fue como decir,
por unanimidad: "sabemos que estamos cometiendo una injusticia y una
arbitrariedad y que por razones políticas tenemos que meterlos presos, pero no
los podemos tratar como a delincuentes comunes, porque es obvio que no lo
son". Había un resto de decencia en ese reconocimiento.
Pero en estos días ese resto de decencia se
está perdiendo. Una persona dispuesta a todo con tal de remontar en las
encuestas, el Presidente Sebastián Piñera, no quiere irse del Gobierno con el
31 por ciento de aprobación que tiene (encuestas CEP y CERC), porque quiere
volver a ser candidato en cuatro años más, y con ese porcentaje no le van a
creer el cuento ni en su propia casa. Entonces ha discurrido algo muy simple:
que quienes votan en contra de él en las encuestas lo hagan a favor. ¿Cómo?
Haciendo algo que les guste. Nada le gusta más a un izquierdista que cometer un
atropello contra un militar, porque el militar le impidió establecer lo que más
anhela en su existencia: un régimen marxista-leninista. Esos votos busca Piñera
en las encuestas, y por eso en "La Tercera" de días pasados un
izquierdista tuiteaba: "Si Piñera cierra Cordillera, voto por él en la
próxima elección". Eso es.
Ahora el debate se ha renovado porque la
izquierda vengativa no ha visto restañados sus odios pese a la campaña
publicitaria triunfal que ha desarrollado estas últimas semanas. Parece que
ella le ha atizado más el odio. Y Piñera quiere sus votos en las próximas
encuestas. Y entonces empujan para el mismo lado: tratar a los militares presos
como delincuentes comunes. Hacinarlos en un penal.
Pero todos sabemos, los de ambos bandos, que
eso sería una indecencia. ¿Somos capaces los chilenos de cometer tal
indecencia? Ya lo creo que lo somos. Pero eso tiene un costo. Ya el Plan Ahora,
de la familia militar, ha llamado a anular el voto para Diputados en la próxima
elección. Los uniformados no salen a la calle, no usan la fuerza en democracia,
soportan estoicamente las ilegalidades de los Jueces de izquierda (Alejandro
Solís se retiró tras imponer decenas de condenas sin pruebas a Miguel
Krawssnoff y NUNCA lo interrogó, siendo ése un trámite esencial).
En estos días los chilenos estamos por
someternos a la prueba de la decencia, consistente en no profundizar las
indecencias que ya hemos cometido. Bueno, yo pronostico que no la vamos a
pasar.
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