Justicia Divina, por Hermógenes Pérez de Arce.

Justicia Divina,

por Hermógenes Pérez de Arce.

          Un programa de televisión me pidió el año pasado que le formulara una pregunta en cámara a Franco Parisi, precandidato Presidencial que debatía con su similar Andrés Velasco, antes de las primarias. Yo le pregunté qué pensaba hacer, en caso de ser electo, con los escandalosos atropellos a la Ley y la Constitución que cometían los Jueces contra los presos y procesados políticos uniformados. Pero entonces Velasco, que no había sido el preguntado, se apropió de la respuesta, manifestó que mi pregunta era “repugnante” y dictaminó que esos militares eran “asesinos, torturadores y violadores de derechos humanos” que no merecían ninguna consideración. Seguramente se sintió más “políticamente correcto” que nunca.

          Pero ahora la Justicia de izquierda, que impera sin contrapeso en nuestro país, le ha hecho probar a él la medicina del abuso y la ilegalidad. Sin ninguna consideración y en medio de la más amplia publicidad negativa, detectives de la PDI, por orden Judicial, se han apersonado a las oficinas de Velasco para incautar sus computadores y documentación, como si fuera un delincuente o traficante de drogas, mientras los periodistas, oportunamente advertidos, por supuesto, se arremolinaban alrededor para no perder detalle de la diligencia y publicitarla ampliamente. Eso basta en este desgraciado país actual para destruir la reputación de una persona. Pues ha llegado a ser costumbre que los procesos se tramiten en papel de diario y ante las cámaras.

          Días atrás comenté el caso de los ejecutivos de Larraín Vial, condenados a multas millonarias en dólares, suficientes para arruinarlos de por vida, sin ellos haber realizado una sola de las operaciones investigadas por la Superintendencia, que los crucificó pasando por sobre un informe en derecho de la Presidente del Colegio de Abogados, Olga Feliú, acreditando que el procedimiento contra Larraín Vial no ha respetado las mínimas exigencias de un debido proceso.

          Permítanme parodiar una vez más al pastor Niemöller: “Fueron por los militares, sin respetar las Leyes ni la Constitución, pero no dije nada porque yo no era militar, y finalmente han venido por mí.” Y Velasco podría añadir: “Una vez dije que era ‘repugnante’ reclamar por que a los uniformados no se les respetaban sus derechos. Pero ahora no me los respetan a mí.”

          Los que aplauden cuando se exhibe en la picota pública y se desprestigia por los medios a personas que no han sido legalmente procesadas ni condenadas, harían bien en ponerse en el lugar de éstas, porque algún día les puede pasar a ellos.

          Hace poco vi a uno de los economistas más serios y respetados de nuestro medio, Klaus Scmidt-Hebel, decir en el programa “Tolerancia Cero” que en una de las sociedades “Cascada” se había falsificado las actas del directorio. Eso también lo afirmaba un titular de “El Mercurio”, pero el mismo no reflejaba toda la información que seguía, pues si uno la leía completa podía comprobar que el gerente de dicha “Cascada” aclaraba que no había tal falsificación, sino que en el borrador del acta de directorio él había observado que no se había incluido una intervención suya dando a conocer hechos relevantes y verídicos, por lo cual había exigido que se rehiciera y se incluyeran sus palabras, lo cual bajo ningún respecto implica una “falsificación del acta”. Pero eso queda para los que leemos toda la información, mientras que la masa se guía por los titulares, repetidos después en noticieros y programas de la farándula como verdades inconcusas.

          Y entonces ahora el escándalo alcanzó a Velasco. Y ello sucedió en los momentos en que un enésimo Juez de izquierda, contraviniendo todas las Leyes, había sometido a prisión a dos Almirantes y un Capitán de Navío por haber formado parte de una “asociación ilícita” llamada Armada de Chile, que en 1973 apresó a un extremista que murió tras haberse arrojado por una ventana del Hospital Naval.

          Afortunadamente la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante una resolución que a lo mejor el Velasco de antes habría considerado “repugnante”, dejó libres a los Oficiales y dictaminó que la Armada, en realidad, no era en 1973 una “asociación ilícita”.

          Le deseo a Velasco un veredicto final que reivindique su buen nombre, pero la escandalosa publicidad negativa de que ya ha sido víctima probablemente no será borrada, como no lo será la que recibieron, desde el General Pinochet para abajo, los Oficiales por años imputados por soborno en el caso de la compra de los tanques “Leopard”, y que acaban de ser finalmente absueltos, pues no habían cometido ilícito alguno. “Mentid, mentid, que algo queda”, aconsejaba el cínico Voltaire. Y los Jueces de izquierda siguen su consejo al pie de la letra.

En todo caso, es seguro que a estas horas hay al menos un arrepentido de haber calificado tan mal el que se impetrara para otros el derecho a la honra y al respeto de la Legalidad.

Nota de la Redacción:

Al cierre de esta nota los trascendidos apuntaban también al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por supuestos aportes del grupo Penta a la fundación "Ciudad Justa".

Ciertamente el Gobierno, por medio del Ministro Elizalde, salió a respaldar al Secretario de Estado, actitud muy diferente a la tenida con otros de los que se especula serían responsables de estos malos manejos.

Creemos que las instituciones deben funcionar plenamente y sancionar a quienes hayan evadido impuesto o a quienes a sabiendas hayan gozado de los beneficios de los ilícitos comentados para financiar sus campañas. Todas las postulaciones deben ser investigadas, sobre todo aquellas que recibieron suculentos montos en aportes reservados, como la candidatura de Bachelet o la de Girardi.