Luego de los últimos acontecimientos relacionados al portazo en las narices que pegó Piñera a los militares procesados y condenados, con motivo de la tibia petición de indultos de las Iglesias con motivo del Bicentenario de la Nación, se aleja la definitiva solución a la persecución político judicial de que han sido objeto, durante más de dos décadas los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ante esta nueva situación hay que reapreciar la situación, y como no hay que rendirse nunca, se debe continuar tenazmente buscando una definitiva solución para el término de los procesos y las condenas a los militares que pusieron el hombro y el corazón durante el Gobierno Militar.
Falta por ver la manera en que Piñera implementará los indultos caso a caso, y si en ellos se considerarán algunos de los militares condenados. De todas maneras, si esto llega a ocurrir, se estima que será limitado y restrictivo. En especial luego que muchos personeros, partidos políticos y organizaciones han dicho que tendrán bajo la lupa las actuaciones de Piñera, por si indulta a algún “violador de derechos humanos”. Luego siempre habrá una tarea pendiente ya que los procesos y condenas a los militares no pueden seguir eternizándose, y los presos muriéndose de viejos y enfermos en la cárcel.
Una primera apreciación indica que hay que centrar la atención en dos direcciones:
1.- Solución de problemas actuales de los presos militares, ya sean de tipo administrativo carcelario o de tipo jurídico:
a.- Otorgamiento de beneficios carcelarios de acuerdo el decreto ley Nº 518 “Reglamento de Establecimientos Penitenciarios”, a la libertad condicional de acuerdo al decreto ley Nº 321, o al cumplimiento alternativo de penas de la ley Nº 18.216. Sistemáticamente se han negado estos legales beneficios a los militares, mientras que a terroristas y delincuentes, se han otorgado profusamente, incluso a muchos que no cumplían con los requisitos correspondientes.
b.- Estudiar y buscar solución al serio problema que se le produce a los que tienen varias condenas y procesos a la vez, y que se encuentran en la doble condición de reos procesados y condenados a la vez. Esto hace que beneficios carcelarios que se tienen, por una razón o por otra, no se puedan otorgar.
c.- Estudiar y buscar la acumulación de penas y el consecuente cómputo de tiempos a cumplir en prisión. Muchos procesos y condenas se repiten en las mismas personas que trabajaron en servicios de inteligencia en el Gobierno Militar. Por eso de las miles y miles de personas que actuaron en diferentes frentes solo hay una cincuentena de presos.
2.- Estudio de soluciones definitivas que terminen con la persecución político judicial de las que somos objetos hace más de 20 años:
a.- Determinar si las actuaciones de los Ministros de Fueron han sido nulas desde el año 2.000, fecha en que se publicó la ley Nº 19.665 que modificó el Sistema Procesal Penal. Dichos ministros son los que nos han procesado y condenado en los últimos 10 años y sus actuaciones podrían haber sido ilegales.
b.- Más del 70 % de las imputaciones, procesos y condenas de los militares han sido por la ficción del secuestro. Hay estudios y publicaciones de especialistas penales en la materia, en los que se deja expresa constancia de la ilegalidad en imputar estos delitos a los militares. Nuestro Código Penal expresa que son los privados los que cometen secuestro, mientras los agentes del Estado (funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden) detienen ilegalmente. O sea, más del 70 % de los procesados y condenados están en esta situación por un delito que no han cometido.
c.- Estudiar y luego insistir en enviar un proyecto de ley al Congreso con el objeto de poner límite a los procesos y condenas que se suceden por hechos ocurridos desde hace 36 años.
Esta situación no debe continuar sin una solución definitiva. La verdadera reconciliación nacional no puede seguir postergándose sin poner en peligro seriamente la convivencia nacional, al extremarse pensamientos y acciones de los que no soportan más la persecución político judicial, el permanente atropello a la igualdad ante la ley y a los derechos humanos de los militares.
Todos deben colaborar en buscar nuevas alternativas a lo que acaba de resolver el Presidente de la República, y a lo que aquí brevemente se expone, lo peor es solo criticar sin hacer nada.
