Beneficios para ex militares,
por Alberto Cardemil, Diputado de RN.
Se esperaba una norma clara sobre beneficios carcelarios, que hoy, por una ley no escrita de la Concertación, no tienen los militares condenados.
LA MONEDA se quedó corta y apresurada al responder el planteamiento de las iglesias sobre conmutación de penas en el Bicentenario. El debate sobre la inclusión de militares en retiro condenados o procesados por delitos de DD.HH. recién comenzaba, con un inédito cuestionamiento espiritual a la izquierda dura. El ambiente entre los juristas de categoría y congresistas moderados era favorable para dar un paso importante en la paz social y la reconciliación. Fue una ocasión perdida.
Se esperaba una norma clara sobre beneficios carcelarios, que hoy, por una ley no escrita de la Concertación, no tienen los militares condenados.
LA MONEDA se quedó corta y apresurada al responder el planteamiento de las iglesias sobre conmutación de penas en el Bicentenario. El debate sobre la inclusión de militares en retiro condenados o procesados por delitos de DD.HH. recién comenzaba, con un inédito cuestionamiento espiritual a la izquierda dura. El ambiente entre los juristas de categoría y congresistas moderados era favorable para dar un paso importante en la paz social y la reconciliación. Fue una ocasión perdida.
Nadie esperaba una ley de indulto general. Sí esperábamos una norma clara sobre beneficios carcelarios de los que hoy día, por una ley no escrita de la Concertación, son privados los militares condenados. Faltó en la declaración de La Moneda una alusión explícita a la igualdad ante la ley de civiles y uniformados, que sí había estado presente, y con mucha fuerza, en las declaraciones presidenciales previas.
Posterior a las palabras del Presidente, las versiones de los ministros del Interior y Justicia cooperaron a la confusión general, al facilitar, implícitamente, que se considere como delincuentes de lesa humanidad a los actuales 775 oficiales, suboficiales y civiles de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería que están procesados o condenados, en circunstancias que dicha tipificación y sus consecuencias rigen para los delitos cometidos después del 2009. Darle efecto retroactivo legal y político a esa norma ha sido un objetivo constante de la izquierda recalcitrante.
Estoy seguro que la fuerza del sentido común de justicia ha ganado puntos, como lo evidencian las columnas de opinión, los editoriales de los diarios, en particular La Tercera, y aun las encuestas de opinión bien leídas.
Partamos -el ministro de Justicia tiene la palabra- por una regla objetiva sobre beneficios carcelarios que abra una oportunidad igualitaria a los militares presos. No nos cerremos -el Presidente de la República tiene la palabra- a indultos particulares, totales o parciales. Soy partidario de mantener la facultad constitucional de indulto de que han dispuesto todos los presidentes de Chile para corregir evidentes situaciones humanitarias y aun de obvia injusticia.
Las desafortunadas e inoportunas afirmaciones de Manuel Contreras permiten trazar una línea entre los que están dispuestos a beneficios, con su significado de pedir y ofrecer perdón de acuerdo a cada circunstancia, y los que no lo están. Obviamente, hay que incentivar la primera actitud que hoy, en lugar de premiarse, se castiga.
El Presidente efectivamente se comprometió con la familia militar a cumplir el deber, no observado por los mandatarios concertacionistas, de amparar y promover dentro del ámbito de sus facultades la igualdad de sus miembros ante la ley. Hay en esta materia cuestiones de largo plazo, como el proceso oportuno y debido, la aplicación de instituciones generales y universales como la prescripción, la amnistía propia o impropia y la irresponsabilidad por obediencia debida. Hay otras inmediatas, que parten por el final, que es asegurar, urgentemente, su igualdad en el otorgamiento de los beneficios carcelarios que correspondan.
