Izquierdos humanos y derechos humanos.
Para una coalición que se mantuvo sobre la base de artificios, mentiras y montajes, perder la Presidencia no es un episodio ordinario de la dinámica política. Pese al descomunal vaciamiento de las arcas fiscales hacia organizaciones afines para paliar este alejamiento, la llamada Concertación por la Democracia (su mero nombre es una falacia) sabe que la pérdida del control del ejecutivo dañará seriamente la máquina de propaganda de las tesis que le permitieron sujetar el poder por 20 años.
De partida, la simple preferencia de los electores por la coalición política que su propaganda descalificaba como nostálgicos de la dictadura es un categórico mentís a lo que constituía el núcleo de su mensaje publicitario —ser los únicos democráticos— y proyecta una amplia sombra de duda respecto del convencimiento real que creían haber instalado en la ciudadanía de otras cuestiones sustanciales de su discurso político.
Sin apoyo propagandístico, los artículos de fe del credo concertacionista corren serio riesgo de exhibir su falsedad: el arraigo mayoritario del gobierno de la Unidad Popular, la exaltación de Allende como persona talentosa y democrática, Pinochet como guante de la mano de la CIA, la Concertación como impulsora del desarrollo y, entre varias otras cuestiones sustanciales de su tesis propagandística, la que ellos llaman “cuestión de los derechos humanos”.
Con la etiqueta “derechos humanos”, los concertados rotularon el costosísimo y descomunal programa de victimización, inculpación y reparación económica diseñado para evadir el juicio histórico del intento de cubanizar Chile y, al mismo tiempo, estigmatizar políticamente a los militares que expulsaron al castrismo... y a todo chileno que hubiera apoyado el aborto de ese proceso.
Como todas las consideraciones esenciales del mensaje concertacionista, la de derechos humanos es precaria y no resiste la menor de las revisiones. Sin un aparato de propaganda que bloquee la verificación de las denuncias, mantenga la presión que impida un juzgamiento equilibrado y urja por indemnizaciones como justa y “mínima” reparación, no es posible sostener todo este tinglado por demasiado tiempo.
De allí que, a menos de 5 meses de asumido el nuevo gobierno, surja la repentina “urgencia” de intentar bloquear el ejercicio de la potestad presidencial del indulto, hasta ahora ejercida sin presiones y sin conocimiento público. En varios casos pudimos saber de las indulgencias extendidas por los presidentes concertacionistas sólo cuando un nuevo asalto o asesinato había sido cometido por alguien que suponíamos entre rejas.
Si algunos militares condenados por “derechos humanos” son indultados por el Presidente será porque se ha revisado sus casos y se ha constatado que muchos de ellos en realidad constituyen abusos increíbles de los derechos de esas personas condenadas, es decir, de verdaderos derechos humanos.
Para desalentar al Presidente de siquiera intentarlo, los concertacionistas han emitido una lluvia de ominosas declaraciones y han compuesto sesudas columnas para demostrar que don Sebastián no debe indultar a ningún militar.
Carlos Peña, concertacionista con una columna en el diario El Mercurio afirma que “no es correcto conceder el indulto, ni particular ni general, a ningún violador de los derechos humanos”, alegando que los delitos contra las personas “ejecutados por agentes del Estado tienen una gravedad excepcional”, con lo cual todos podriamos estar de acuerdo... siempre que esta consideración se hubiera aplicado de acuerdo a derecho, es decir, en todos los casos.
Bajo Allende muchos agentes del Estado cometieron infinitas fechorías de todo tipo, incluyendo despojos, torturas, violaciones y asesinatos. El bloqueo por parte de su gobierno de la actuación de la policía y de los tribunales transformó a esos abusadores en agentes del estado seguros de su impunidad, situación denunciada por la Corte Suprema y recogida por la Cámara de Diputados, la que finalmente llamó a las fuerzas armadas a expulsar al castrismo del poder precisamente por arrasar con los derechos humanos.
José Zalaquett, concertacionista reputado por algunos como experto en este tema afirma (El Mercurio, domingo, 25 de julio de 2010, página D4) que estos abusos se cometieron durante el gobierno militar y que ello “ocurrió luego de una salida de fuerza ante una aguda polarización política”. Es decir, para este experto los abusos cometidos bajo Allende quedan cubiertos por la polarización política, como si ambos bandos se hubieran enfrentado con los mismos recursos y no hubiera existido de parte de los agentes de Allende el apoyo del estado que les aseguraba impunidad.
La pretensión del concertacionismo es inmoral. Siendo que ninguno de los abusadores de los derechos humanos bajo Allende está preso y tampoco ninguno de los terroristas que empuñaron las armas para aniquilar inocentes bajo el gobierno militar, lo que corresponde es liberar casi a todos los militares, sin más trámites. Sobre todo sabiendo que la mayoría de los juicios han sido amañados despojando a los acusados de todo derecho a las garantías del debido proceso y que NINGUNO de ellos constituye peligro para la sociedad simplemente porque NUNCA lo fueron.
Esta carta que inserto a continuación, publicada en El Mercurio hace unos años, es un doloroso ejemplo de las injusticias que por tanto tiempo se han cometido y de la impudicia de los que reclaman para sí el título de demócratas.
"Señor Director:
En estos tiempos en que los terroristas son "víctimas" y quienes nos salvaron de ellos "victimarios", me he acordado de una excelente mujer, esposa y madre: Antonieta Maachel. Había llegado de Italia junto a su marido, Eneas Recalcatti. Formaron el fundo "Tregua" de Panguipulli. Cuando su marido murió, Antonieta se hizo cargo con mucho sacrificio y tesón, hasta que en noviembre de 1970 su tierra y su casa fueron tomadas por José Gregorio Liendo ("Comandante Pepe", hoy "víctima" por cuyo fusilamiento el juez Guzmán persigue a militares).
Antonieta fue secuestrada y ultrajada en forma brutal por todos los forajidos de la banda, y en su desesperación se quitó la vida en su dormitorio, mientras sus agresores se daban un banquete en el comedor de su casa. Dejó tres hijos adolescentes librados a su suerte y despojados de sus bienes. Para ella no hubo "derechos humanos". Por su muerte nadie ha hecho ni hará un "mea culpa".
Chile tiene el alma herida desde entonces y no ha podido sanar porque constantemente se está reviviendo sólo una parte de su historia, pero se ha pretendido hacernos olvidar la otra, donde se originó todo.
Paz Rodríguez Correa.
