Presos Políticos
Dentro de las tipificaciones del delito, éste se clasifica, también, de acuerdo a la motivación del ofensor para cometerlos. Aún cuando en nuestro país, la legislación vigente no contempla la existencia del delito político, el uso y costumbre en estos último treinta años, lo ha validado. Quiérase o no, en Chile ha habido delitos cuya motivación para cometerlos ha sido, sin duda, la política.
A militantes del MIR, del FPMR, del MAPU-Lautaro, entre otros, los ex Presidentes Pinochet, Aylwin y Lagos, reconociendo la existencia del crimen político, promulgaron leyes o decretos leyes amnistiándolos (Pinochet) o indultando (Aylwin y Lagos) a personas presas con largas condenas privativas de libertad.
Para ello, hubo entusiasta apoyo, tanto de la derecha como la izquierda chilena. No hubo político u obispo nacional que, ni por un minuto, dudara de la calidad de “presos políticos” de estos personajes, por pavorosos que hubieran sido sus delitos, como por ejemplo, la bomba colocada por el MIR, el 24 de marzo de 1980, en la Tenencia de Carabineros de la comuna de Conchalí en que, por la explosión, murió el menor de sólo once años, José Sáez Pérez y quedó mutilada de por vida, Karina Ferrada Carrasco, de cortos nueve años. Sus autores eran delincuentes políticos y una vez capturados y condenados, presos políticos.
El ex presidente Pinochet, mediante el decreto ley Nº 2.191, de 19 de abril de 1978, “Sobre Amnistía”, dejó en libertad mil quinientas diez personas. Por su parte, el ex presidente Aylwin indultó, en sus cuatro años de gobierno, a doscientas veintisiete personas. En tanto, el ex presidente Lagos, entre los años 2004, 2005 y 2006, indultó a cincuenta y seis personas, entre ellas, el suboficial mayor don Manuel Contreras Donaire. Unos y otros, a excepción de aquél, eran presos condenados por delitos de tipo subversivo y/o terrorista.
Para ello y teniendo presente que nadie de la opinión pública, nacional o internacional, dudó siquiera de la autenticidad de estos genuinos “presos políticos” del Estado de Chile, con el decidido y entusiasta apoyo de las bancadas de la derecha, en dos oportunidades, se promulgaron sendas leyes de quórum calificado modificatorias de la Constitución, autorizando al Presidente de la República (Aylwin y Lagos) para conceder Indultos Particulares a personas que habían infringido la ley 18.314, “Sobre Conductas Terroristas”. Como aquello no alcanzó a satisfacer las necesidades jurídicas, se promulgaron otras leyes, algunas incluso de tipo transitorio, que hicieron posible la libertad de nuestros ya libertos “presos políticos”.
Aquéllos, tuvieron la categoría de “presos políticos”. ¿Cuál sería, empero, la calidad de su contraparte, es decir, de los militares que los combatieron y hoy permanecen en prisión? ¿No son también, tan presos políticos como los otros? ¿Por qué la sociedad civil es renuente a tal calificación para los militares, si la motivación para realizar las violaciones a los derechos de las personas –cuando las hubo– no fue otra que política y el irrestricto cumplimiento de órdenes superiores?
De acuerdo. Seguramente no es bien visto que un país con pretensiones serias de ingresar al concierto mundial de naciones desarrolladas, mantenga presos políticos. Quizá no habla bien de la solidez de su democracia y de la capacidad del reencuentro al interior de su núcleo social. Ciertamente el problema no se evita ocultándolo, por el contrario, hay que exponerlo a la luz del sol y buscar las debidas y oportunas soluciones.
Que no haya duda. Al momento del advenimiento del Gobierno de don Sebastián Piñera, el Estado de Chile, en dos de sus cárceles: Cordillera y Punta Peuco, mantiene “cincuenta y tres presos políticos” en espera de la aplicación del constitucional Principio de la Igualdad ante la Ley, consagrado en nuestra Carta Magna. Ignorar semejante verdad, iguala a nuestro altivo Estado, al de Cuba, quien mantiene por años en prisión a un número indeterminado de presos políticos.
En el año del Bicentenario, libertad ¡ahora! para todos los presos políticos chilenos.
